El Presidente Juan Manuel Santos le declaró la guerra frontal a la minería criminal en el país. El anuncio lo hizo desde el municipio de Puerto Asís, Putumayo, durante la jornada de la gira ‘Estamos cumpliendo’ en la cual el Gobierno le rindió cuentas al país de los logros y metas en el sector Defensa.

“Quiero anunciarle al país entero que hoy le estamos declarando la guerra y colocando como objetivo prioritario de alto valor a la minería criminal. Esta minería criminal es un negocio que se calcula puede estar por el orden de los siete o más billones de pesos. O sea que es un negocio que mueve más plata que el propio narcotráfico”, indicó. 

El Jefe de Estado explicó que con estos dineros se financian las mafias mineras y también se utilizan en la trata de personas y el  narcotráfico, por lo cual hay que atacar esa financiación.

“Atacar esa fuente de financiamiento de ese crimen organizado será prioridad del Gobierno, prioridad de todas las Fuerzas, del Ministerio de Defensa, de la Policía y también del sistema judicial, porque esto tiene que ser una guerra que se libra por parte de todo el Estado si queremos triunfar”, sostuvo el Mandatario, quien estuvo acompañado por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y altos mandos militares y policiales.

Consecuencias de la minería criminal

El Mandatario explicó que los estudios internacionales ya muestran que Colombia, específicamente el departamento de Antioquia, tiene los índices de contaminación por mercurio en el aire más altos del mundo. “Eso es algo que nos debe preocupar a todos los colombianos”, dijo.

Agregó que los índices de mercurio que se están encontrando en los peces y ríos de Colombia, ya están sobrepasando los límites permisibles. 

“Esto está acabando con todo, la minería criminal está acabando con nuestro medio ambiente y con nuestra biodiversidad que es el activo más valioso que tenemos los colombianos”, afirmó el Presidente Santos.

Estrategia

El Mandatario anunció que hoy mismo se está lanzando una estrategia para combatir esa expresión del crimen organizado.

“Hoy estamos lanzando una estrategia que hemos venido elaborando desde hace ya algún tiempo, nos la presentó el Ministro de Defensa, para combatir esa minería criminal con mucha más eficacia”, adujo.

El Jefe de Estado anunció que esta estrategia incluye la presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley con carácter de urgencia para combatir este flagelo.

“Lo primero que tenemos que hacer, ya está preparado el proyecto de ley, es cambiar la legislación, porque carecemos de las herramientas adecuadas para poder ser más efectivos en la lucha contra la minería criminal. 

“Entonces se va a presentar un proyecto de ley. Le pediría Ministro (de Defensa) que le pusiéramos mensaje de urgencia a ese proyecto de ley, con la prioridad que eso debe tener, que es una prioridad para todos los colombianos”, anotó.

Agregó que este proyecto de ley tendrá diferentes componentes para permitir que el Estado, que la Policía tenga más herramientas para poder combatir esta minería criminal.

“El control de ciertas sustancias utilizadas por las actividades criminales mineras, le da capacidad a la Policía para suspender actividades mineras y decomisar el oro que se extrae ilegalmente”, adujo. 

Explicó que se elevarán las penas de forma drástica para quienes están dedicados a esa actividad: “Asociar esa actividad con el lavado de activos, con el concierto para delinquir, con otro tipo de delitos, para elevar las penas a todos los que están dedicados a esa actividad ilícita que tanto daño le está haciendo al país”, afirmó. 

El Jefe de Estado hizo un balance de la lucha de su Gobierno contra este flagelo en los últimos cinco años, y anunció la creación de una Dirección en la Policía y una Brigada del Ejército para combatir esta clase de minería. 

“Ya hemos venido haciendo operaciones en contra de esta actividad criminal, ustedes habrán visto en los medios de comunicación varias de estas operaciones, las vamos a multiplicar.

“Vamos a crear una Dirección, comandada por un general, para la lucha contra la minería criminal. Y de la misma forma, vamos a crear una Brigada en el Ejército, dedicada exclusivamente a la lucha contra la minería criminal”, dijo. 

Anotó que en la Presidencia de la República existe el Consejo Nacional de Estupefacientes. “Le vamos a agregar a ese Consejo la lucha contra la minería criminal”, señaló.

El Mandatario manifestó que le ha dado instrucciones a los comandantes y al Director de la Policía, para que “coloquen este enemigo en las prioridades de su accionar diario”.

Plan integral para la formalización minera y contra la minería ilegal

Según explicó el Gobierno Nacional, la explotación ilícita de minerales o minería criminal es una actividad que hoy afecta a 233 municipios de Colombia. Se ha convertido en una actividad que financia a los grupos criminales –las guerrillas y las bacrim– y que está destruyendo el medio ambiente, explota a familias de campesinos, roba recursos a las regiones y financia el terrorismo. 

Ante este fenómeno creciente –no solo en Colombia sino en el mundo–, el Gobierno Nacional ha anunciado un plan integral con dos componentes principales.

Por una parte, una guerra frontal contra las mafias que pretenden ocultar sus actos ilícitos tras la máscara de la pequeña minería y, por otra, el apoyo a los pequeños mineros que pueden y desean acogerse a la política de formalización para regularizar su actividad, ser incorporados al sistema de seguridad social y contar con las herramientas necesarias para implementar buenas prácticas ambientales y mineras

Medidas contra la minería ilegal

El Gobierno presentará al Congreso de la República un proyecto de ley y expedirá un decreto que brindarán herramientas legales para perseguir la minería criminal en todos los eslabones de la cadena delictiva: exploración, extracción, beneficio, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización. 

La medida tendrá un fuerte impacto en la economía, la seguridad, el medioambiente y la salud en el país. La estrategia estará concentrada en combatir las mafias. No busca perseguir a los pequeños mineros ni estigmatizar su oficio. 

Las principales medidas son:

• Medidas penales contra la minería ilegal. Las personas que incurran en este delito pueden ser procesadas por lavado de activos e instigación al terrorismo.

• Fortalecimiento del procedimiento sancionatorio ambiental.

• Endurecimiento de los controles sobre las sustancias químicas utilizadas sobre las actividades mineras (mercurio y arsenio, principalmente).

• Los delitos minero-ambientales serán definidos con claridad. Habrá penas para quien participe en cualquier parte de la cadena (no solo el que explote sino el que beneficie, transforme, almacene, transporte o comercialice).

• Las plantas de beneficio deberán ser inscritas en el Registro Único de Comercializadores de Minerales y cumplir con todos los requisitos.

• El seguimiento a la comercialización nacional e internacional de minerales extraídos ilegalmente será fortalecido con el apoyo de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF).

Efectos de la minería criminal en Colombia 

—Seguridad

• La minería ilegal, particularmente la explotación del oro, está reemplazando el narcotráfico como una de las principales actividades del crimen organizado y fuentes de financiación del terrorismo.

• Las mafias de la minería ilegal recaudan aproximadamente 7,1 billones de pesos año.

• Actualmente 233 municipios, en departamentos como Antioquía, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño, tienen minas ilegales.

—Impacto ambiental

• Cuatro de los 8 núcleos de deforestación de Colombia coinciden con zonas de extracción ilícita de minerales (Norte del Chocó, Nariño, nororiente de Antioquia y Norte de Santander).

• Solo en Antioquia, los costos por uso y exposición a mercurio alcanzaron un valor equivalente a 2,5 veces el PIB departamental en el 2013 (Banco Mundial, 2014).

• En el 2013, se estima que se liberaron al ambiente 170 toneladas de mercurio, lo que generó graves impactos sobre la salud y los ecosistemas. 

• Más del 60 por ciento de las 41 zonas hidrográficas del país están siendo intervenidas por la extracción ilícita de minerales. 

—Impacto social

• La extracción ilícita de minerales es una de las actividades que más demanda trabajo infantil.

• La extracción ilícita de minerales está asociada al desplazamiento de comunidades.

• La extracción ilícita de minerales se sustenta en relaciones laborales de explotación que ponen riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores.

• La contaminación del medio ambiente producida por la explotación ilegal pone en alto riesgo la salud de las comunidades.

Política de Formalización Minera

La Política de Formalización Minera es la hoja de ruta dispuesta por el Gobierno Nacional para la implementación de mejores prácticas en las operaciones de la pequeña minería en el país. Su objetivo es incrementar la productividad, mejorar la gestión de seguridad y el desempeño ambiental y, por esta vía, alcanzar mayor competitividad del sector y garantizar transparencia.

La Política de Formalización brinda a la pequeña minería el acompañamiento y las herramientas necesarias para implementar mejores prácticas técnicas, medioambientales, legales, sociales y empresariales en su actividad productiva. 

Uno de los aspectos clave de la política es el cuidado al medioambiente. De allí el énfasis en desincentivar el uso del mercurio entre los mineros de los municipios productores de oro para reemplazarlo por tecnologías limpias. 

La política contempla el fortalecimiento de alianzas entre las comunidades mineras y el sector privado. Con esto se busca abrir la posibilidad a los mineros no regularizados la posibilidad de trabajar bajo el amparo de un título minero.

Los mineros que no cumplan con los requisitos mínimos, como tener un título minero y una herramienta ambiental, podrán contar con el acompañamiento del Estado para crear negocios, capacitarse o encontrar empleo en otro sector (reconversión).

Logros de la política de formalización 2010-2015

19.0000 mineros capacitados.

3.388 unidades de producción minera caracterizadas (identificación de las condiciones en las que trabajan actualmente los mineros).

860 Unidades de Producción Minera iniciaron proceso de formalización mediante la formación y asistencia técnica a fin de alcanzar estándares técnicos, sociales y empresariales.

12 convenios con Corporaciones Autónomas y universidades, con una inversión total regional de $24.806.514.428 para 2014-2015. 

Fortalecimiento, con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), de las capacidades técnicas de los pequeños mineros para que su actividad implemente las mejores prácticas.

2.227 personas de comunidades mineras han asistido a 42 actividades de divulgación y socialización (ferias, talleres, capacitaciones y mesas de trabajo) relacionadas con formalización minera, seguridad e higiene minera y explotación ilícita de minerales se han llevado a cabo.

28.670.541.404 millones de pesos han sido invertidos en la política de formalización.

Resultados en la lucha contra la minería ilegal 2010-2015

1.118 operaciones realizadas.

3.555 minas han sido intervenidas.

8.202 personas han sido capturadas.

258 piezas de maquinaria han sido destruidas.

4.879 piezas de maquinaria incautadas (volquetas, motores, motobombas, dragas).