En decisión de primera instancia, la Procuraduría suspendió por cinco meses a Rodrigo Canosa, en su calidad de gobernador encargado del Cesar por irregularidades que comprometen los recursos de regalías de ese departamento.

El exgobernador Canosa firmó en noviembre de 2007 un convenio de cooperación con una fundación que no tenía la idoneidad y reconocida experiencia para realizar la dotación de material bibliográfico de consulta didáctica e investigación para los centros educativos públicos del Cesar, objeto del contrato en cuestión.

El Ministerio Público estableció que la fundación contratista no acreditó al momento de la celebración del convenio ninguna experiencia en la distribución de textos o material bibliográfico para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato, y en consecuencia el departamento del Cesar no podía celebrar el convenio de cooperación mediante el procedimiento especial de contratación consagrado en el artículo 355 de  la Constitución Política, como en efecto se hizo.

Con su conducta, el exmandatario no garantizó la selección objetiva del contratista y al utilizar esta forma especial de contratación “limitó la participación de otras personas naturales y jurídicas, que con mayor experiencia e idoneidad en el objeto contractual hubieran podido hacer mejores ofertas a la entidad territorial”.

La Procuraduría señaló que contra esta determinación disciplinaria de primera instancia procede el recurso de apelación.