La Procuraduría General de la Nación, en decisión de primera instancia, suspendió en el ejercicio del cargo por el término de un mes a Gustavo Guevara Rodriguez, en su condición de alcalde municipal de Choachí (Cundinamarca) para la época de los hechos.

El disciplinado fue encontrado responsable de haber celebrado tres contratos de obra pública sin contratar la respectiva interventoría, incurriendo en violación del numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

El despacho consideró que “no queda al arbitrio del representante de la entidad estatal, ni es potestad establecer cuando sí o cuando no cumple con la exigencia normativa”.

De la misma manera el ente de control determinó “resulta impensable que cualquier alcalde o servidor público con facultad para contratar a nombre de un organismo estatal, pueda sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones legales, máxime cuando estas emanan del estatuto contractual”.

Con su actuación, el servidor público incurrió en falta disciplinaria grave, a título de dolo. Al imponer la sanción el despacho tuvo en cuenta que no hubo detrimento a los recursos públicos.

Por no encontrarse actualmente en ejercicio del cargo la sanción se convierte a salarios mínimos devengados para el momento de la comisión de la falta, por lo que el disciplinado deberá pagar $2.742.236 a favor del municipio de Choachí.

Contra esta decisión de primera instancia no se presentó recurso, por lo tanto se encuentra en firme.