Argentando laimportancia jurídica del proceso, la Sala Plena del Consejo de Estado acogió la propuesta del magistrado Marco Antonio Velilla para asumir la discusión de la ponencia que anula la reelección del procurador Alejandro Ordóñez.

Con una mayoría que superó los 15 votos, los magistrados consideraron que el caso, estudiado hasta ahora en la Sección Quinta, pase a ser debatido por la totalidad de los 24 togados que integran la corporación.

Se sabe que se tendrían que declarar impedidos 6 de los 24 consejeros por tener familiares en la Procuraduría.

Ya la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, anticipó que se apartará del conocimiento del caso porque su hijo José Fernando Gómez trabaja en el Ministerio Público desde 2011.

El magistrado Enrique Gil también se declararía impedido ya que su cuñada Liliana Samper trabaja en la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.

Juliana Valencia, sobrina del magistrado Hernán Andrade, es asesora de la Procuraduría desde 2010, mientras que Olga Lucia García, hermana de la magistrada María Elizabeth García, trabaja en la Procuraduría Delegada para Restitución de Tierras.

Un hijo de la magistrada Bertha Lucía Ramírez, Andrés Páez, trabaja desde 2007 en la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales. También el magistrado Gustavo Gómez tiene una hija trabajando en el Ministerio Público.

Respetará decisión

Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno respetará las decisiones que se tomen en este CASI.

“Como siempre, cualquier decisión de las Cortes hay que acatarla y yo esperaría que en su sabiduría y en su buen saber y entender las Cortes tomen la decisión que más le convenga al país”, afirmó Santos en Miami.

“El respeto por los poderes públicos, por la independencia de los poderes públicos, es algo que el Jefe de Estado, y yo como Jefe de Estado, tengo que poner en práctica siempre. Por eso, es un problema entre la Procuraduría y el Consejo de Estado, que son poderes independientes”, agregó.

El mismo lunes, por petición del magistrado sustanciador Alberto Yepes, la Sección Quinta había aplazado para mañana el estudio de la ponencia, cuando los magistrados Yepes, Susana Buitrago y Lucy Jeanette Bermúdez, así como los conjueces Jaime Córdoba y Ricardo Hoyos, planeaban resolver las recusaciones a dos consejeros (Yepes y Bermúdez) que fueron radicadas por la Procuraduría.

Ahora esas recusaciones se sumarán a los ya citados impedimentos que deberán ser analizados y resueltos por la Sala Plena.

En la ponencia del magistrado sustanciador se les daría la razón a los accionantes de las demandas acumuladas, los juristas Rodrigo Uprimmy y Carlos Mario Isaza, quienes expusieron varias irregularidades en la reelección de Ordóñez. La primera es, precisamente, que el procurador no podía ser elegido de nuevo puesto que la figura de su reelección no está contemplada en la Constitución.

Yepes, según se ha sabido, consignó en su ponencia que esa reelección constituyó una arbitrariedad que puede conllevar la concentración de poder teniendo en cuenta que para un Estado de Derecho es perjudicial que se extienda por más de 4 años la labor de un funcionario que vigila, sanciona y supervisa a otros funcionarios públicos.

Por otra parte, la nominación de Ordóñez por parte de la Corte Suprema para integrar la terna que se llevó al Congreso también estaría viciada, por cuanto no se habrían reunido la mayoría de los votos necesarios.

Eso sin contar con que en la votación final los senadores no aceptaron los impedimentos que presentaron algunos de sus colegas por tener familiares y personas cercanas trabajando en la Procuraduría.

Recientemente el exmagistrado Carlos Gaviria sostuvo que comparte “la argumentación de que Ordoñez no podía ser reelegido”, así como la demanda “por violar la Constitución al haber nombrado familiares de magistrados de la Corte Suprema después que lo ternaron”.

Para Gaviria, el Senado carecía de competencia para designar al procurador porque si la Constitución autoriza su reelección, “podemos decir que está prohibida”.

"Por eso reitero que mientras en derecho privado los ciudadanos pueden hacer todo lo que este jurídicamente prohibido, en hecho público rige lo contrario. Y es que los funcionarios solo pueden hacer aquello para lo cual están autorizados", precisó.

Hace ocho días la Sala Plena del Consejo de Estado planteó la posibilidad de asumir el debate que actualmente está en la Sección Quinta, propuesta que también será analizada la próxima semana.