A travésde un comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dirigido por Cristina Plazas, desmintió una serie de informaciones que circularon este fin de semana en medios de comunicación y redes sociales, según la cual las niñas y los niños de primera infancia que son atendidos por la entidad no tienen garantizada su atención.

Sin embargo, la representante por el Atlántico, Martha Villalba, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le salió al paso a las declaraciones hechas por la Confederación General de Trabajadores (CGT), que afirmó, a través de un comunicado, que más de 500.000 niños de los hogares infantiles del ICBF, a nivel nacional, quedarían sin atención debido a que esta entidad no ha querido renovar los contratos de trabajo a las cerca de 14.000 docentes adscritas al programa asistencial.

“Siempre hemos abogado por los derechos de los niños, pero no podemos culpar a las madres comunitarias de los errores contractuales del ICBF. No podemos permitir que se sigan maltratando ni vulnerando los derechos de estas mujeres que merecen nuestro respeto y admiración porque el trabajo que desempeñan no es fácil”, dijo la congresista.

De otro lado, recordó que muchas de ellas han dedicado su vida a esta labor y que el Estado Colombiano ha venido invirtiendo mucho dinero en la formación de las mismas. Además, señaló que es el ICBF “el encargado de escoger a los operadores idóneos para atender a la primera infancia”.

“Al respecto, y en cumplimiento de la ley 1602 de 2012, que ampara a las madres comunitarias, se hace menester, por la situación que se viene presentando desde hace tiempo con este grupo de mujeres que cumplen un papel fundamental en la formación de la niñez y de la paz en Colombia; revisar a detalle desde la institucionalidad las condiciones legales y reales en las que trabajan estas mujeres, de forma que sea este el momento en que el Estado implemente y mejore los esquemas de garantías plena de los derechos de las mismas y se les dé por fin una estabilidad laboral a las madres comunitarias”, sostuvo la legisladora.

En medio de la polémica, el ICBF precisó que “el servicio de atención de Primera Infancia en todas sus modalidades inicia el próximo lunes 25 de enero en todo el país”, anotando que “con la nueva contratación se garantiza la atención en todas las modalidades durante el 2016” y que “todas las madres comunitarias que vienen trabajando con el Instituto seguirán vinculadas a la atención de la primera infancia”.

Además sostuvo que “el proceso de selección y contratación de los operadores de primera infancia que se viene adelantando y para lo cual se pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, tiene como principal objetivo garantizar que los operadores cumplan los niveles de calidad exigidos para la prestación del servicio en las diferentes modalidades”.