Voces contrarias se escucharon ayer por el proyecto que radicó el Gobierno para hacer posible algunas  excepciones a la Ley de Garantías, permitiendo en época electoral seguir celebrando contratos relacionados con la implementación del acuerdo de paz.

La iniciativa hace posible que entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Protección y las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, puedan celebrar contratos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones parlamentarias de marzo próximo.

El proyecto de ley también autoriza a los gobernadores y alcaldes a celebrar convenios administrativos y contratar de manera directa con estas entidades.

Sobre esta iniciativa el senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) dijo que “puede darse para casos de corrupción y de utilización de recursos para las campañas, y me parece que esto es peligroso y por eso pido que se ponga como una especie de lupa en este proyecto de ley y lo discutamos con calma”.

Añadió el Senador que “nos genera gran preocupación que abran la puerta a contratar directamente obras durante la campaña electoral cuando en principio la ley de garantías protege la democracia para que no haya influencia indebida durante la campaña”.

Por su lado, el también senador Iván Duque (Centro Democrático) consideró que esta iniciativa no persigue otra cosa que hacerle una gambeta a la Ley de Garantías "para abrir la compuerta a la 'mermelada' en época electoral".

El Senador señaló que de tal forma para la implementación de los acuerdos con las Farc se permitiría "que en época electoral los gobernadores y alcaldes, en convenios interadministrativos con el Gobierno nacional, puedan contratar de manera directa".

Por su parte el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, negó  que se quiera con este proyecto burlar la Ley de Garantías sino que es una medida excepcional para que no se vea frenada por la época electoral la contratación clave en algunas instituciones para la implementación de los acuerdos de paz.

Explicó que esta excepción a la Ley de Garantías solo aplica para la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional de Protección y las entidades que hacen parte del  Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición, en las materias que tienen que ver con los acuerdos de paz.

 "No es una excepción genérica, no es un 'mico', no hay lugar a pensar que eso sea una excusa del Gobierno para hacerle un esguince a la ley de garantías", puso de relieve Rivera Flórez.

La norma

La Ley 996 de 2005 fue expedida como consecuencia de la reforma constitucional que implantó por esos días la reelección presidencial, buscando que el debate electoral en que participa el jefe de Estado en papel de candidato se desarrolle en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

La norma establece una serie de restricciones durante los cuatro meses previos a las elecciones, precisamente para evitar que el gobernante de turno aproveche los  bienes y dineros públicos en favor de su candidatura.

Las principales talanqueras se sienten en materia de contratación, pues queda prohibida la que se hace de manera directa por parte de todos los entes del Estado, y por ende los convenios interadministrativos. La norma no tiene impacto alguno sobre la contratación que se deriva de una licitación.

De igual forma se suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal.

Si bien esta Ley hace referencia específica a la situación que se presenta con un presidente aspirante a la reelección, el Consejo de Estado dictaminó que sus efectos irradian para toda clase de elección popular, por lo que se activa  también para los comicios de Congreso de la República en marzo de 2018.

Alcaldes y gobernadores del país al unísono han pedido eliminar la Ley 996 de 2005 por considerar que hoy es inoficiosa y, lo principal, es un freno para su gestión por las cortapisas que establece en materia de contratación.

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