Permitir el uso general de armas de fuego a los ciudadanos con el fin de "equilibrar la fuerza" ante los criminales es la controvertida propuesta de un senador para enfrentar una creciente ola de violencia en México.

Jorge Luis Preciado, del conservador Partido Acción Nacional, busca capitalizar el hartazgo de muchos mexicanos que sufren la corrupción generalizada que carcome a policías, jueces y gobernantes, en un país donde menos del 1% de los delitos denunciados son castigados, según el índice global de impunidad de la Universidad de las Américas Puebla.

Aunque su propio partido le ha dado la espalda, Preciado inició la semana pasada una campaña nacional para recolectar 120.000 firmas. Esas rúbricas harían que su propuesta de modificar la Constitución y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos llegue al Congreso como iniciativa ciudadana. 

En México existe "un Estado fallido en materia de seguridad. No le estamos pidiendo que nos defienda, le estamos diciendo que nos deje defendernos", dijo el legislador en entrevista con la AFP en el Senado.

Las leyes mexicanas permiten la posesión en los domicilios de armas de bajo calibre para la "seguridad y legítima defensa" de los ciudadanos, pero Preciado cuestiona que en los hechos, esto sólo aplique para "un grupo muy selectivo, militares, empresarios, políticos".

Así, este legislador que usa camisa de vestir sin corbata, busca que su propuesta se extienda a los negocios y automóviles particulares.

"No es un tema de quién trae arma y quién no, es un tema de equilibrar la fuerza (con los criminales). Hoy en México se roba, se asalta y se extorsiona con toda impunidad, el ciudadano no tiene la más mínima posibilidad de defenderse", argumentó.

El lunes, un pasajero de un autobús tomó la justicia por mano propia cuando disparó contra cuatro presuntos asaltantes armados cerca de la capital. El hombre bajó del autobús y desapareció. Un editorial del periódico El Universal calificó ese acto y otros similares como una muestra del hartazgo frente a la impunidad pero también como una "virtual adopción de la ley de la selva".

Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2016 se denunciaron en México 1,15 millones de crímenes -robos, homicidios, extorsiones, violaciones-, una cifra superior a los 1,13 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

"¿Cuántos hubieran podido salvar la vida si tuvieran una licencia de portación de armas?, ¿Cuántos secuestros, violaciones, asaltos se hubieran podido evitar?", pregunta Luciano Segurajauregui, director regional de México Armado, un foro que promueve el uso de armas.

Para él, los delincuentes "buscan siempre víctimas desarmadas", y prohibir a los ciudadanos defenderse a punta de pistola "es equivalente a prohibir el uso del fuego porque quema o el uso del agua porque ahoga".

Segurajauregui estima que la propuesta de Preciado es "valiente", una opinión que comparte el empresario de seguridad privada Raymundo Moreno, quien aboga por que los ciudadanos porten armamento de alto calibre, al igual que los criminales.