A pesar de que el Consejo Nacional Electoral no vio interrumpida su labor durante el final del año por la vacancia judicial, sigue frenada en el organismo su decisión sobre si la financiación para la recolección de firmas de la revocatoria del mandato del alcalde de la capital de la República, Enrique Peñalosa, cumplió con las normas y se puede convocar. En esas condiciones comienza 2018, no obstante que el pasado 5 de diciembre en un fallo de tutela el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio 48 horas improrrogables para que resuelva las recusaciones a los magistrados Emiliano Rivera y Armando Novoa.

Atendiendo ese llamado perentorio, el organismo electoral en la sala plena del 12 de diciembre del año pasado quiso resolver estas recusaciones para luego sí poder entrar a votar la ponencia que desde hacía varias semanas había radicado el magistrado Rivera acerca del informe con las cuentas de la financiación para la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa que entregó el comité ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa.

No obstante en dicha sala plena si bien el Consejo resolvió negando la recusación al magistrado Emiliano Rivera, no pasó lo mismo en el caso del jurista Novoa, pues 5 votos negaron la recusación, en tanto que 3 la aceptaron. Luego no se alcanzó la mayoría de 6 votos para tomar una decisión y debido a ello el paso a seguir era nombrar un conjuez para dirimir el asunto.

Empero en las últimas tres semanas el magistrado Emiliano Rivera se ha incapacitado un par de oportunidades y la semana anterior pidió permiso junto con el también magistrado Felipe García.

En esas condiciones no se ha podido resolver la recusación al magistrado Novoa porque ni siquiera se ha designado el conjuez, dejando la decisión sobre la revocatoria a Peñalosa en punto muerto.

Dilaciones

El 26 de octubre pasado, la Registraduría confirmó que el comité ciudadano promotor había cumplido con el primer paso de los requisitos para convocar la revocatoria, pues acreditó como válidas 458 mil firmas de las 706 mil firmas presentadas. Para el trámite tan solo se requerían 271 mil.

De igual forma ya va para cuatro meses que el comité Unidos Revocamos a Peñalosa entregó al Consejo Nacional Electoral el informe con las cuentas sobre los ingresos y gastos para la recolección  de las más de 700 mil firmas que hizo llegar a la Registraduría con el fin de llevar a las urnas la continuidad o no del Burgomaestre en el cargo.

En tanto que en la segunda semana de septiembre pasado el magistrado Emiliano Rivera presentó a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una ponencia sobre las cuentas de la recolección de firmas, en la que indica que hubo irregularidades en la financiación.

Si la máxima autoridad electoral del país acogiese el sentido de esta ponencia, implicaría que la revocatoria se cae y que como consecuencia Peñalosa podría culminar su periodo que fenece el 31 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la discusión sobre el particular se dilató todo este tiempo, por lo que varios promotores de la revocatoria, entre otros José Cuesta, ex subsecretario de Gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro, presentaron una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigiendo ir a las urnas.

Por ello, este Tribunal falló la tutela a favor de los accionantes  en la que pidió al Consejo Nacional Electoral superar los obstáculos y dar celeridad a los trámites de la revocatoria de Peñalosa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca indica en su fallo que  “se exhorta a los accionantes y al alcalde de Bogotá para que de forma mancomunada presten su apoyo y permitan llevar a cabo dicho proceso participativo con la mayor transparencia posible, haciendo claridad que los mismos pueden desplegar todo su arsenal legal para ejercer su derecho a defensa y contradicción”.

En caso de que el Consejo Nacional Electoral no acoja la ponencia del magistrado Rivera será necesario la elaboración de otra por parte de un togado distinto, avalando el informe financiero que presentó el comité ciudadano que impulsa esta revocatoria.

A partir de ahí le corresponde a la Registraduría establecer la fecha para la revocatoria, que al paso que va el asunto sería después de las elecciones de Congreso, en marzo próximo, pues vale recordar que el organismo requiere al menos tres meses para organizar los aspectos logísticos de la jornada en las urnas.