El ente regulador detectó un presunto detrimento patrimonial de $3.167 millones donde no existen mayores controles y seguridades para disponer de estos recursos.

La Contraloría General evaluó la gestión del proceso de administración y control de los depósitos judiciales y, como resultado de esta auditoría, estableció 23 hallazgos: 8 con incidencia disciplinaria y 3 con posible connotación fiscal por un presunto detrimento patrimonial  que suma  $3.167 millones.

Esta Auditoría incluyo el examen del proceso de Depósitos Judiciales al Consejo Superior de la Judicatura y Banco Agrario de Colombia, lo mismo que a otras dos entidades del Estado: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN y el Instituto de los Seguros Sociales -ISS, en este caso en calidad de demandados, o sea como usuarios de la administración de justicia dentro de los diferentes procesos que se adelantan en su contra.

Se trato de una Auditoria Intersectorial, como tal realizada conjuntamente por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para Defensa, Justicia y Seguridad.

CSJ desconoce los títulos judiciales que tiene
Dentro de este informe se advierten hechos preocupantes en cuanto al manejo de los depósitos judiciales que dejan ver la inexistencia de una información cierta, veraz y oportuna conciliada entre los datos que tiene el Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Agrario.

El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene las funciones de regular, asesorar y controlar los depósitos judiciales  no dispone de un proceso que consolide, registre y actualice la operación de los depósitos judiciales, administrados por los Despachos Judiciales.

El Consejo desconoce los títulos judiciales que tiene y por ello debe atenerse a la información que le entrega el Banco Agrario, única entidad habilitada para recibir depósitos judiciales.
 
Dramática situación de las cuentas judiciales
La situación de las cuentas no puede ser más dramática. De una muestra de 315 cuentas judiciales inactivas en el Banco Agrario, hay 139 cuentas judiciales que muestran un valor  de $7.2 billones de pesos que no se han depurado. Se desconocen los procesos judiciales a los cuales corresponden estos dineros.

Existen expedientes archivados por terminación definitiva con sentencia ejecutoriada, y sin embargo aparecen unos depósitos a nombre de  juzgados que ya no existen, o que se trasladaron o que el proceso fue repartido a otro juzgado.

Igualmente hay 114 cuentas en donde hay depósitos por $2.5 billones en donde no se encontraron soportes para saber por qué se encuentran inactivas. Hay 10 cuentas que tienen depósitos por $197 millones en los cuales el Consejo Superior de la Judicatura o los despachos judiciales manifestaron haber solicitado la conversión a títulos judiciales y no se encontraron los soportes de dicha solicitud.

Cobro irregular de títulos judiciales en el ISS
El caso del ISS como entidad demandada presenta también una situación preocupante en esta materia. La entidad no cuenta con un sistema de administración operante y no se evidenció en varios casos  gestión eficaz de los abogados del ISS como parte demandada para solicitar el levantamiento de embargos en exceso o para la recuperación de remanentes. Esto ha permitido el cobro irregular de títulos judiciales. La entidad tampoco tiene suficiente control de las cuentas que se abren a su nombre.

Así mismo, los remanentes o pagos de las sentencias con los recursos embargados no son descontados del respectivo embargo de origen tanto así que entre las cuentas del Banco Agrario analizadas y lo que registra el ISS se encontró una diferencia de $1.090674.7 millones.

Se evidenciaron igualmente deficiencias en la defensa técnica ejercida por los apoderados quienes no se percataron de solicitudes irregulares detectadas para la entrega de dinero no dándose cuenta de que el monto de los embargos superaba el valor ordenada por el juez. Igualmente esta inactividad ha permitido la prescripción a favor del Consejo.

Se detectó también la apertura de una cuenta de ahorros a nombre del ISS que estuvo activa por casi 4 años y de la cual se retiraron al parecer de manera ilícita $2.437 millones.