Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de EL NUEVO SIGLO

Los campesinos responsables de pequeños cultivos ilícitos no irían a la cárcel a cambio de otras sanciones menos drásticas. Así lo prevé un anteproyecto de reforma al Estatuto Antidrogas (Ley 30 de 1986) en que trabaja el Ministerio de Justicia y que espera dejar listo para la llegada del próximo gobierno.

La iniciativa tendría un fuerte enfoque en la prevención del consumo y la atención de las personas adictas a las sustancias psicoactivas, sin dejar de lado la represión del fenómeno producto del accionar de las organizaciones de narcotraficantes.

El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Miguel Samper Strouss, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el Estatuto Antidrogas debe responder a la necesidad que tenemos imperiosa desde hace años de modernizar nuestra política para luchar contra el fenómeno del narcotráfico. No se trata simplemente de atacar a cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico por atacarlo, sino  atacar otros eslabones que en verdad van a permitir romper toda la cadena criminal que va implicada en el narcotráfico. Y para poner un ejemplo, esta política debe entonces responder a las nuevas necesidades de no encarcelar a todo el mundo sino de tener no solo una mano fuerte que sea ciega sino una mano mucho más inteligente. Entonces de ahí deviene la necesidad de reformar el Estatuto porque actualmente las políticas o por lo menos las leyes, mientras viajan casi que por telégrafo, el fenómeno criminal del narcotráfico está viajando por fibra óptica”.

Añadió que el proyecto “en materia penal implica buscarle alternativas distintas al encarcelamiento para los consumidores, para los pequeños cultivadores, para las personas que en realidad si las metemos a la cárcel o si buscamos una condena penal de estas personas, no van a conducir a desvertebrar el fenómeno del narcotráfico”.

El alto funcionario dijo que la idea no es llegar al extremo de excarcelar. “En materia penal los beneficios que se apliquen a determinada población aplican por el principio de favorabilidad, pero aquí lo que se busca no es tanto excarcelar sino ver de qué forma más inteligente podemos atacar el fenómeno criminal del narcotráfico, y eso no es, como ya lo definió la Cicad (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), que es el Comité de la OEA que se encarga de estos asuntos, no es mediante encarcelar a los consumidores sino a los consumidores hay que abordarlos desde un tema de salud pública. A los cultivadores desde un tema de derechos humanos, a las ‘mulas’ desde un tema casi que de desigualdad social. Entonces eso es lo que estamos buscando desde el Ministerio de Justicia con el nuevo Estatuto de Drogas”.

En materia penal la actual normatividad prevé en lo que corresponde a cultivos ilícitos: “El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un  kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de cuatro  a doce  años y en multa de diez a cuatrocientos  salarios mínimos mensuales”. Si la cantidad de plantas excediere de veinte  sin sobrepasar la cantidad de cien, la pena será de uno  a tres  años de prisión y multa en cuantía de uno  a cuarenta  salarios mínimos mensuales.

Por otra parte el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que “nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Justicia con un anteproyecto para revisar el Estatuto de Estupefacientes, que data ya de 1986. Demasiadas cosas han pasado desde entonces a hoy, y probablemente habrá que hacer énfasis sin descuidar la represión, sin descuidar las obligaciones internacionales del país”.

En cuanto a la fecha cuándo sería radicado el proyecto en el Congreso, el viceministro Samper dijo que “la idea es como estamos en todo el Gobierno nacional en un momento de cambios y de pronto se realizarán algunos ajustes incluyendo el gabinete, pues la idea es dejárselo listo al próximo ministro de Justicia”.

Acuerdos de La Habana

A mediados de mayo pasado el Gobierno y las Farc llegaron en La Habana (Cuba) a un acuerdo sobre el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, que todo indica tendrá eco de alguna forma en la iniciativa para reformar el Estatuto Antidrogas.

Dicho acuerdo señala que en el caso de la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos que no se trata solo de erradicar la coca, sino sobre todo de trabajar con las comunidades para resolver el problema.

Se hará a través de procesos de planeación participativa para construir planes municipales de sustitución: planes que se construyen desde abajo, entre comunidades y autoridades. La esencia del programa es resolver el problema de los cultivos mediante la sustitución voluntaria. Y si alguien incumple, el Gobierno procederá a la erradicación manual.

En materia de consumo el acuerdo alcanzado indica que “el Gobierno creará un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo, con un enfoque de derechos humanos y de salud pública. Esta es una respuesta a la preocupación de muchas familias en el país”, explicó en esa oportunidad el presidente Santos.

En tanto que sobre el tema de narcotráfico el Jefe de Estado reveló sobre el acuerdo con las Farc que “si llegamos al fin del conflicto, lo único que nos quedará por delante será el crimen organizado, y lo vamos a atacar con todos los recursos a nuestra disposición. En particular, queremos darle un énfasis regional a esa lucha, para que las mafias enquistadas en los territorios no amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Iniciativa engavetada

En 2011 el entonces Ministerio del Interior y Justicia y la Dirección de Política contra las Drogas encargaron a un consultor la redacción de un borrador de proyecto de reforma al Estatuto Antidrogas, el cual finalmente fue engavetado.

Éste desarrollaba un extenso capítulo sobre prevención al consumo y reglas de control a la oferta de ciertas sustancias psicoactivas, con medidas especiales de protección a las personas vulnerables.

Igualmente proponía una serie de medidas en los campos de atención, tratamiento e inclusión social a consumidores de sustancias psicoactivas.

Mientras que en penalización de cultivos ilícitos este borrador endurecía las sanciones previstas en la Ley 30 de 1986, pues señalaba que “el que ilícitamente cultive, conserve, administre plantaciones de las que pueda producirse sustancias psicoactivas o droga ilícita, o semillas de dichas plantas en más de un  kilogramo, incurrirá en prisión de ocho  a dieciocho  años y en multa de trescientos  a dos mil doscientos cincuenta  salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Si la cantidad de plantas excediere de cien  sin sobrepasar la cantidad de dos mil, la pena será de cinco  a nueve  años de prisión y multa de quince  a setenta y cinco  salarios mínimos legales mensuales vigentes.