El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió este lunes a castigar a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur), en una supuesta acción conjunta de policías locales y narcotraficantes.

Las autoridades siguen sin determinar si entre los 28 cuerpos hallados el fin de semana en fosas clandestinas hay cadáveres de los estudiantes, cuyos familiares insisten en que están vivos y exigen al presidente que los encuentre.

En un mensaje a medios, Peña Nieto aseguró el lunes que estos hechos son "indignantes, dolorosos e inaceptables".

No cabe "el más mínimo resquicio para la impunidad", subrayó el mandatario al comprometer la colaboración de su gobierno para resolver un caso que conmocionó al país y generó reclamos de Naciones Unidas a las autoridades.

Los estudiantes están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre cuando policías y narcotraficantes dispararon -por motivos aún desconocidos- contra varios autobuses de los que se habían apoderado los alumnos en el municipio de Iguala, a 200 km de la capital.

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

El domingo la Fiscalía de Guerrero aseguró que dos sicarios del cártel narcotraficante Guerreros Unidos confesaron desde prisión haber asesinado a 17 de los estudiantes en el mismo cerro de los alrededores de Iguala donde el sábado fueron halladas fosas clandestinas bcon 28 cadáveres aún no identificados.

Pese a las confesiones, las autoridades piden esperar al resultado de las pruebas forenses para confirmar si algunos o todos esos cadáveres corresponden a estudiantes desaparecidos.

"No lo descarto (que sean restos de los estudiantes), es una posibilidad real, pero no puedo hacer una manifestación de esa naturaleza hasta que concluyan los peritajes", dijo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a la emisora Radio Fórmula.

Los hechos del fin de semana desencadenaron la reacción del gobierno federal, que está enviando a más investigadores y forenses para colaborar con las autoridades locales. Aguirre dijo que esperan la llegada de elementos del cuerpo especial de Gendarmería.

- Familias confían en forenses argentinos -

Los familiares de las víctimas también citaron a los medios en la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde los jóvenes estudiaban Magisterio y que es conocida por su activismo de izquierda en Guerrero, una de las regiones mexicanas más empobrecidas y afectadas por la violencia de los cárteles.

El presidente "tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida", dijo a la AFP Manuel Martínez, vocero del Comité de Padres.

Los padres se niegan a creer que entre los 28 cuerpos hallados en las fosas estén los estudiantes. Algunos de ellos dicen haber visto fotografías de los cuerpos y no reconocen a sus hijos.

"No vamos a creer que el gobierno diga que son nuestros hijos", afirmó el portavoz.

La fiscalía de Guerrero dijo que algunos de los cuerpos fueron incinerados y están partidos en trozos, por lo que las labores de identificación se demorarán entre 15 días y dos meses.

A pedido de familiares y ONGs, el gobierno regional pidió la colaboración de nueve especialistas forenses de Argentina.

Estos especialistas extranjeros vinieron "para certificar que son nuestros hijos, de lo contrario no vamos a aceptar que autoridades hagan ese estudio", dijo Martínez.

"Somos padres desesperados, capaces de cualquier acción por encontrarlos", advirtió otro padre.

Al final de la conferencia, los padres se reunieron en el patio central de la escuela, adornado con un mural con imágenes de Marx, Mao y el 'Che' Guevara, para rezar un rosario junto a un altar con flores.

- Alianza de narcos y policías -

La desaparición de los estudiantes es una nueva prueba de la profunda infiltración del narcotráfico en organismos policiales de México, donde hay más de 80.000 muertos en hechos vinculados al crimen organizado desde 2006, además de 22.000 desaparecidos.

Un total de 22 policías de Iguala (140.000 habitantes) han sido detenidos y acusados de trabajar para Guerreros Unidos, un grupo surgido hacia 2010 como consecuencia del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

A su vez, el director de Seguridad Pública y el alcalde están prófugos desde que ocurrieron las balaceras.

Los dos sicarios dijeron en su confesión que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes se la dio el director de Seguridad Pública y que la de capturarlos y asesinarlos fue de un criminal del que solo se conoce el apodo de 'El Chucky', que sería un cabecilla de los Guerreros Unidos, según la fiscalía regional.

En este clima de tensión, Aguirre dio cuenta de la aparición de un amenazante cartel en Iguala firmado por Guerreros Unidos. "Nos dan 24 horas para que liberemos a los policías municipales que se encuentran consignados", explicó.