Disminuir los niveles de desatención de padres de familia a sus hijos en cuanto a inasistencia alimentaria, como derecho fundamental que tienen los menores de edad, es lo que busca un proyecto de ley que será radicado esta semana en el Congreso de la República.

El proyecto plantea la posibilidad de que el papá o la mamá que no cumplan con las obligaciones económicas de sus hijos, cuando estos sean niños o adolescentes, relacionadas con la manutención, sean reportados en las centrales de riesgo financiero, explicó su autora, la senadora Maritza Martínez, del Partido de La U.

Sin embargo, la iniciativa no pretende reportar a los padres incumplidos sin que ellos tengan una oportunidad de reivindicación, es decir se crearía una base de datos en la que se incluirían todos los padres con responsabilidades alimentarias a través del Formato Único Nacional de Cuota Alimentaria (Funca) y a partir de ahí se reconocerían a los deudores morosos, que tendrían seis meses de plazo para ponerse al día en sus obligaciones antes de ser reportados ante las centrales de riesgo.

“Vamos a crear una central de datos que nos permita reportar a las centrales de riesgo este incumplimiento y bloquear a los padres irresponsables”, dijo Martínez.

Según la legisladora, la implementación del Funca le permitiría, además, al Estado ahorrarse los altos costos que invierte en el tema de conciliaciones familiares. Ella agregó que la iniciativa busca encontrar nuevas maneras de exigir que los padres cumplan con las obligaciones que les garantizan los derechos a sus hijos, sin necesidad de plantear un incremento de penas.

La iniciativa contempla que todos aquellos que incumplan con el pago de la cuota alimentaria tampoco podrán acceder a los créditos de vivienda hasta que no se pongan al día con las obligaciones pendientes. Para la Senadora del Partido de la U, es importante que se hagan efectivas las conciliaciones que se dan en los Juzgados de Familia y que definen el monto de la cuota alimentaria, pues “no queremos ver a más padres de familia en los despachos judiciales buscando que les cumplan los acuerdos realizados”.

Para que el padre, madre o acudiente que represente las necesidades de un menor pueda reclamar el incumplimiento de la otra parte, deberá reportar el incumplimiento a la entidad, que a su vez tendrá que comunicarse con el deudor para pactar las posibilidades de pago, las cuales deberán ser completadas en los siguientes seis meses a la denuncia para que no sea reportado.

Según algunas estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, el delito de inasistencia alimentaria es cometido 97 por ciento por los hombres y sólo 3 por ciento por las mujeres.

Este mismo delito es uno de los que presenta mayor número de denuncias, registra mayores niveles de impunidad y el que más ocupa las oficinas judiciales y administrativas, ya que anualmente se presentan más de 100 mil denuncias, de las cuales 56 por ciento termina en conciliaciones que se incumplen. Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, entre el 2008 y el 2011 se presentaron 110 mil denuncias.

Según Milena Rodríguez, psicóloga e Investigadora Judicial de la Fiscalía, “el maltrato infantil es una manifestación que puede ser física, sicológica, sexual o por negligencia, que es una omisión de atender debidamente en todos sus derechos fundamentales a un niño, niña o adolescente hasta los 24 años, si está estudiando (…) No asistir adecuadamente a una niña o un niño es una forma de abandono muy cruel”.

Rodríguez también explica que la cuota alimentaria es un concepto integral, que no está limitado al alimento, sino que también está relacionado con el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación y al afecto para que el menor tenga una mejor calidad de vida.

Las ciudades con el mayor número de denuncias por inasistencia alimentaria son Cali y Bogotá, sin embargo solo 5 por ciento de los casos termina en condenas.