“El proceso de reparación integral tiene resultados que van más allá de las cifras: campesinos que vuelven a cultivar sus tierras, mujeres que recuperan la confianza en sí mismas después de agresiones sexuales, comunidades que comparten de nuevo con sus vecinos tras años de recelos. La reparación transforma la vida de las víctimas”.

Así lo afirmó Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas, al hacer un balance de los logros alcanzados en materia de atención, asistencia y reparación integral a los afectados por el conflicto desde que se firmase hace cuatro años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

“El presidente Santos ha dicho en varias ocasiones que la Ley de Víctimas es un pilar de su gobierno, porque por primera vez el Estado reconoció la existencia de un conflicto armado y que en ese marco se habían vulnerado los derechos de millones de víctimas. Colombia no podía esperar más para empezar a reconocerlas y repararlas”, añadió.

Hasta el 1 de julio de este año, se había reconocido la existencia histórica de 7.490.375 víctimas, de las que 5.916.381 son sujetos de atención o reparación, lo que representa alrededor del 12 por ciento de la población del país. De estas, cerca del 86 por ciento son desplazados, para los que existe una ruta de atención y asistencia específica. Instituciones como la Universidad de Harvard han asegurado que el Registro Único de Víctimas es el más robusto y completo del mundo, tanto en número de víctimas como en tipos de hechos victimizantes que comprende.

La reparación integral, tal como se concibe en la Ley 1448, incluye cinco medidas aplicables según el daño y en sus dimensiones individual y colectiva, así: indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.