Un proyecto de ley para que las personas detenidas injustamente reciban una reparación administrativa de acuerdo al tiempo de privación de la libertad y con base a una tabla tarifaria previamente establecida, estudia la Fiscalía.

Fuentes de esa entidad, que pidieron reserva de su nombre, le explicaron a EL NUEVO SIGLO que “el tema no se ha resuelto definitivamente. Se está pensando en ideas para buscar soluciones acordes con los recursos públicos en el tema de la privación injusta de la libertad”.

La fuente sostuvo que en el análisis que se está realizando se ha encontrado que en países como España o Francia se determina la reparación por medio de unas tarifas.

“Ellos predeterminan en la ley una reparación en esos casos. Dice por ejemplo por los meses y los años que estuvo preso, que estuvo privado de su libertad, tiene el valor determinado. Por un mes tiene tanto, por un año tiene tanto. Y eso no necesita ir a las instancias judiciales para tener ese derecho, sino que se haría de manera más eficiente, en donde se da en derecho ese reconocimiento por haberle ocurrido eso”, precisó.

Para la Fiscalía, este mecanismo generaría un ahorro para el Estado por las demandas y los recursos que se pierden por este concepto.

Caso español

Consultando la jurisprudencia en España se encontró que la indemnización se paga en “los casos en los que durante la investigación judicial o el juicio quedara perfectamente acreditado que el delito no había existido; por ejemplo, si en un caso de tráfico de cocaína se demostrase que la sustancia traficada era en realidad, pongamos, harina”.

“La segunda posibilidad de indemnización eran los casos en los que el delito sí se había producido pero la inocencia del inculpado había quedado probada, como en casos en los que otra persona es condenada por el delito del que se le acusaba al preso preventivo. Solo quedaban excluidos los procesos en los que la absolución o el archivo de la causa se debieran a la inexistencia de pruebas suficientes para condenar al presunto autor”, anotó el vocero de la Fiscalía.

Opinan congresistas

Para el representante tolimense Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador, “todo error que cometan las autoridades, incluidas las autoridades judiciales, y máximo cuando están comprometidas las libertades personales, tienen que ser rápidamente reparadas y de manera extraordinaria, sin necesidad que se someta a una reparación directa por medio de un proceso judicial”.

En cambio para el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, esta iniciativa sería absurda debido a que cada caso es diferente y no se puede tratar igual con las mismas tarifas.

“El perjuicio que se genera debe ser tasable. No es lo mismo que se privé de su libertad injustamente a un desocupado que a un profesional o una persona que es productiva y que tiene a su cargo hijos”, explicó.

Navas señaló que la pregunta sería a cuál de los dos se le causa más daño. “Puede que el perjuicio moral para los dos pueda tratarse por igual, pero el perjuicio moral tiene que ser racional. No puede ser que por cada error de un juez pagar cincuenta millones”, anotó.

Entre tanto, el senador nariñense Parmenio Cuéllar, también del Polo, dijo que esas tarifas ya se dan en Colombia, pero todo dependiendo de la condición social. No es lo mismo detener injustamente a una persona que trabaja en Ecopetrol, que alguien que está desempleado. “Ya ese tema existe en nuestra legislación”, dijo.