La renuncia ayer del general Rodolfo Palomino a la Dirección de la Policía, lejos de solucionar la crisis que atraviesa la institución, lo que hace es evidenciar hasta qué punto la gravedad de la misma se ha venido intensificando en los últimos meses.

 

Raya en la mayor ingenuidad pensar que con el simple relevo de Palomino por el general Jorge Hernando Nieto, y algunos pocos movimientos en la cúpula, las direcciones y las comandancias departamentales y de ciudades, hay que dar por saldada la crisis que ha demolido la imagen de la Policía en el último año.

 

Es evidente que se requiere una reforma a fondo de la Policía. Una reingeniería que vaya más allá de las reformas estructurales en la última década. Los cambios aplicados en materia de régimen de carrera de patrulleros, suboficiales y oficiales se han mostrado insuficientes. Se adolece de un sistema de ascensos mucho más claro y transparente que evite que los uniformados tengan que afiliarse a los bloques o corrientes que pujan por el poder al interior de la institución (cuya existencia es innegable) como fórmula para poder llegar más rápidamente al próximo grado o acceder a los mejores cargos.

 

Es claro, por igual, que hay redes de corrupción enquistadas al interior de la Policía, relacionadas con temas de contratos, el ‘carrusel’ de reintegros y otras irregularidades, incluyendo hasta ‘carteles’ de prostitución masculina, flagelos que no corresponden a  hechos aislados o temporales, sino que tienen años operando, con la complicidad de oficiales activos y retirados.

 

Esos son problemas estructurales que no se solucionan con medidas de tipo judicial o disciplinario, sino que requieren un plan de choque de amplio espectro, estructural, típico de una reingeniería institucional.

 

Y dentro de ese orden de ideas, uno de los ajustes más urgentes es el de la Inspección General de la Policía que, se supone,  es la instancia de control e investigación interna de la institución, pero que ante el cúmulo de escándalos y anomalías de alto, mediano y bajo calibre en que día a día se ven involucrados los uniformados, cada día se confirma más como de baja  eficacia y con muy pocos ‘dientes’. Es claro que esa instancia de control interno no da abasto para llevar a cabo los procesos de investigación y sanción de manera rápida y ejemplificante, por lo que le toca a la Fiscalía y la Procuraduría tomar las riendas de los procesos, sin que éstas tampoco den resultados expeditos.

 

Comisión inoperante

Por otra parte, es claro que las medidas que ha utilizado el Gobierno para hacer frente a la crisis de los últimos meses han sido insuficientes y, en gran parte, eso llevó a que la situación se complicara al punto de forzar la salida semanas atrás de la subdirectora, general Luz Marina Bustos; la salida también del jefe de seguridad presidencial, general Luis Gilberto Ramírez Calle; la suspensión del general Luis Eduardo Martínez y, ahora, la renuncia del general Palomino.

 

Lo cierto es que hace dos meses el presidente Santos, en medio de la evidencia de pulsos de poder  al interior de la cúpula de Policía y de una ‘guerra’ de acusaciones anónimas de un lado y otro, incluyendo hasta espionaje a periodistas, anunció la creación de una comisión de alto nivel que debía dar un informe rápido y claro sobre qué era lo que estaba pasando al interior de la institución. Está compuesto por los ex ministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, así como Jorge Hernán Cárdenas, consultor de la Policía Nacional y bajo la coordinación de la ministra de la Presidencia, Lorena Gutiérrez.

 

Dicha comisión apenas ha funcionado, al punto que el propio Santos dijo que sólo se ha reunido cuatro veces, pero aun así tiene listo un informe. Lo cierto es que su utilidad ha sido puesta en duda por analistas y voces al interior de la propia Policía, toda vez que su tarea era simplemente hacer recomendaciones pero no pesquisas ni investigaciones, dado que no tiene la facultad judicial para hacerlo.

 

¿Se acabaron los bloques?

La salida de Palomino, así como la de otros altos oficiales en las últimas semanas son, para no pocos analistas, consecuencia directa o indirecta de los pulsos de poder que se estaban viviendo al interior de la Policía entre distintos bloques  de altos oficiales. La pregunta que sigue en el ambiente es si con el relevo de Palomino, otros generales y hasta varios coroneles en las últimas semanas, se acabó ese pulso de poder y ninguno de los bloques en pugna terminó saliendo ganador.

 

Esto es clave porque si la pelea interna continúa, ahora con nuevos nombres, entonces la tensión se mantendrá en la cúpula institucional y la ‘guerra’ de anónimos, filtraciones de acusaciones y consejas no disminuirá sustancialmente, por lo que la crisis seguirá y tarde o temprano volverá a explotar.

 

Nuevo rol 

En todos los análisis que se hacen respecto al rol de la Fuerza Pública una vez se firme, eventualmente, el acuerdo de paz y se desmovilice la guerrilla, la Policía tiene la principal función de afrontar la grave situación de inseguridad ciudadana que azota al país, no solo por la criminalidad común y el aumento de los delitos de alto impacto, sino por el auge del microtráfico, el fortalecimiento de las Bacrim, la minería ilegal, el contrabando...

 

Estrategias como el “plan cuadrantes”, la ofensiva contra las “ollas” del narcotráfico y el robo de celulares están dando resultados regulares, en tanto que no se puede negar el aumento de la extensión de narcocultivos en los últimos dos años.

 

Por todo lo anterior la Policía de hoy no pareciera estar lista para asumir ese nuevo rol en la etapa del posconflicto, no sólo porque adolece de una depuración más eficiente de su personal, a todo nivel, sino porque en algunas ciudades su eficacia es tan criticada que algunos alcaldes y gobernadores están proponiendo que las Fuerzas Militares también empiecen a patrullar en zonas urbanas para enfrentar el pico delincuencial.

 

Esa reingeniería institucional, como se ve, no se consigue con el simple relevo en la Dirección y unos cuantos cargos. Se requiere una reforma a fondo tanto desde el punto de vista estructural, del régimen de carrera, del control interno, de depuración más eficiente y de ajuste táctico y operacional.

 

Por igual se requiere que el Congreso apruebe de una vez por todas la reforma al Código de Policía, proyecto que lleva empantanado desde el año pasado pese a que la legislación vigente es arcaica en muchos ámbitos.

 

Así mismo tiene que definirse lo relativo a la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, que tantas veces ha anunciado el Gobierno.

 

Otros males

Los ajustes que se realicen deben conducir a que se erradiquen otros males que aquejan a la Institución, aunque siempre se ha dicho que por ellos se debe responder de manera individual.

 

Recientemente han sido capturados uniformados por pertenecer a redes de microtráfico o valerse de su uniforme para adelantar actividades al margen de la ley, como por ejemplo, la banda que se dedicaba a asaltar camiones.

 

Hasta ahora, las recomendaciones de las comisiones especiales designadas por los gobiernos de turno, no han permitido sanear la Policía, que desde hace años ha sido permeada por el narcotráfico, las bandas criminales, las redes de secuestradores y no hay que olvidar que miembros de la Institución han sido víctimas de sus propios compañeros, como ocurrió con un uniformado en el barrio Villa Nidia, que se dio por desaparecido y luego fue encontrado muerto en un barranco y el año pasado fue apresado uno de los integrantes del CAI de ese sector por asesinato.

 

Desafíos

Ayer, al designar al general Nieto como director de la Policía, el presidente Santos, enumeró una serie de retos que tendrá el oficial.

 

“Tiene que recuperar la unidad, el buen nombre, la respetabilidad y la confianza de la Policía ante los ojos de la ciudadanía”, dijo el Mandatario.

 

Así mismo, consideró que bajo el liderazgo del general Nieto, la Policía debe “avanzar eficazmente en la cruzada que hemos emprendido en contra del crimen que azota a los ciudadanos: la microextorsión, el microtráfico, el robo de celulares, los atracos, y las demás actividades de las organizaciones criminales”.

 

Agregó que la institución “debe continuar su lucha implacable contra el narcotráfico y combatir el nuevo flagelo de la minería criminal con igual contundencia y dedicación”.