Esta semana serán designados los ponentes en la Comisión Primera de Cámara para el quinto debate del proyecto de acto legislativo que reforma la Justicia Penal Militar, en tanto que la semana entrante realizarían la audiencia pública correspondiente.

Así lo manifestó a EL NUEVO SIGLO el nuevo presidente de esta célula legislativa Gustavo Hernán Puentes (Partido Conservador), con lo que reinicia su trámite uno de los proyectos más importantes de la agenda gubernamental, por medio del cual buscan dar más garantías para el juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública.

“Mañana (hoy) tengo reunión con la doctora Victoria Vargas Vives, vicepresidente de la Comisión, y con los voceros de cada uno de los Partidos para poder nombrar ponentes del acto legislativo y reunirnos con el Ministro de la Defensa para mirar cómo organizamos una audiencia pública y echamos hacia delante ese proyecto”.

Es decir que la comisión de ponentes para el quinto debate de la reforma a la Justicia Penal Militar estaría integrada por Oscar Fernando Bravo (Partido Conservador), Fernando De La Peña (Partido de Integración Nacional –PIN), Germán Navas Talero (Polo Democrático), Alfonso Prada (Partido Verde), José Rodolfo Pérez (Movimiento Apertura Liberal), Efraín Torres Monsalvo (Partido Social de Unidad Nacional –Partido de la U), Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) y Hugo Orlando Velásquez (Liberal).

Esta reforma constitucional establece que los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, serán conocidos por las cortes marciales o tribunales militares, con excepción delos crímenes de lesa humanidad ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual, y reclutamiento o uso de menores.

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Igualmente esta reforma constitucional crea un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y que entre otras servirá, de manera preferente, de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública. Además tendrá la función de controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral. Igualmente este Tribunal dirimirá los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

Puntos de vistas

La reforma a la Justicia Penal Militar es una de las iniciativas clave de la administración Santos, más teniendo en cuenta que desde su campaña a la Presidencia señaló la necesidad de fortalecer el fuero militar.

Igualmente un buen número de congresistas y el ex presidente Álvaro Uribe han señalado que hay una ofensiva jurídica contra la Fuerza Pública con el fin de frenar su acción. Incluso no faltan los que consideran que la arremetida de las Farc ha sido posible, en parte, porque los militares se han vuelto más cautelosos a la hora de adelantar los operativos, pues temen ser llevados ante la Justicia ordinaria.

Sin embargo, esta iniciativa ha despertado el rechazo y la inquietud en algunas ONG defensoras de derechos humanos, como es el caso de Human Rights Watch, la cual, a través de su director para las Américas José Miguel Vivanco, ha advertido que será abrir una puerta a la impunidad.

Por su parte, el senador Hernán Andrade señaló durante la discusión de la iniciativa en su cuarto debate en la plenaria del Senado que “el Fuero Militar se propone porque estamos en conflicto armado interno, tenemos que estar a la par de los países avanzados, que a sus militares no los juzga la Justicia ordinaria. El fuero no es un privilegio, esta es una garantía que se les debe brindar a los militares. El Estado debe garantizarles la defensa, el proyecto busca fortalecer la Justicia Penal Militar y garantizar un juicio justo a los hombres de la patria".

Por su parte el representante Guillermo Rivera (Partido Liberal), quien votó en contra este proyecto en su primer debate en la Comisión Primera de Cámara, dijo que “espero que presenten la ponencia a ver si le modifican algo”. Añadió que “a mí me preocupa que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario queden en manos de la Justicia Penal Militar, y eso no me parece conveniente”.

En tanto que el representante Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) señaló que “me parece un proyecto necesario y aspiro a que la Cámara lo evacue de manera muy rápida para que tenga aplicación los más pronto posible”.