El sector financiero reclamó del Gobierno reglas claras como parte del proceso de reincorporación a la vida civil de los ex combatientes de las Farc.

El presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, Santiago Castro, señaló que se hace necesario contar con una regulación específica en donde se definan los requerimientos mínimos en cuanto a productos, servicios y controles que las entidades deben implementar; y con la información que permita identificar y caracterizar esta población, así como conocer el origen de sus recursos o bienes, con el fin de mitigar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y de extinción de dominio.

Sostuvo que el tema es serio y de urgente definición, y aseguró que la banca no tiene ninguna predisposición a convertirse en talanquera alguna para el desarrollo de los Acuerdos del Teatro Colón.

“La Agencia Colombiana para la Reintegración, que ha sido testigo de nuestra participación y compromiso, dirá sin duda que somos uno de los sectores más amigables con el proceso de reinserción. Pero necesitamos línea, y aquí deberíamos tocar también el tema espinoso de los PEPs, grupo al cual también acceden la cúpula y los cabecillas de las Farc”, señaló Castro.

Sostuvo que “tendrá que haber balance, porque si no cómo les explicaríamos a la dirigencia política y a los cuerpos colegiados del país, quienes actualmente pasan algunas dificultades para acceder al sistema financiero, que los jefes de las Farc podrían quedar en mejores condiciones de accesibilidad, cuando la inmensa mayoría de los servidores públicos no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia y/o los organismos de control. Recordemos también que en situación similar se encuentran los altos funcionarios del Estado que son ordenadores de gasto”.

Control al lavado

Castro dijo que para que la región y en particular Colombia avance en la prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, se hace necesario crear una regulación puntual que permita a los diferentes actores económicos identificar la legalidad y los riesgos asociados de las operaciones realizadas a través de las nuevas tecnologías, emulando la experiencia de Reino Unido o de México, para el caso de Bitcoin; contar con una única fuente pública de información actualizada para gestionar los preceptos contenidos en el Decreto 1674 de 2016 sobre PEP; que exista un fuerte compromiso de las altas directivas, Juntas o Asambleas, en la mitigación, prevención y control de los riesgos que hoy se analizan, siendo garantes de los procesos que adelanten los Oficiales o Empleados de Cumplimiento; y mayor inversión en capital humano y tecnológico para el fortalecimiento de las áreas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo latinoamericanas, las cuales han estado migrando a la figura del Compliance Officer dadas las regulaciones sobre aspectos de prevención de la evasión fiscal y la corrupción, entre otros, y los innovadores métodos que los delincuentes utilizan para materializar sus delitos.

Arguyó que los otros dos aspectos son la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, los cuales, pese a los convenios o tratados que se han suscrito a nivel internacional -algunos asociados a la No Proliferación de Armas Nucleares y otros contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas- continúan presentando cifras que requieren especial atención. Según los resultados de la encuesta realizada por Aon Risk sobre los riesgos políticos, terrorismo y violencia política, en 2016 se presentó un incremento del riesgo de terrorismo de aproximadamente el 10%, al pasar en 2016 con perfil terrorista, situación influenciada por los casos presentados con el Estado Islámico.

En este ranquin global, Colombia, al igual que Reino Unido, India, Egipto, Nigeria, se encuentra dentro de los 20 países en los que se presentaron el 90% de ataques terroristas ocasionados por los grupos al margen de la ley en el ámbito local. Así las cosas, como lo menciona Naciones Unidas a través de su Comité contra el Terrorismo, los ataques no se presentan sin su respectiva financiación, ya sea a través de recursos lícitos o ilícitos, por lo que es esencial que los estados cooperantes intercambien información.