Al tiempo que se espera que la Presidencia de la República sancione la ley que crea  las Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), en el Congreso surgen voces que consideran no sólo que lo más importante será la reglamentación de la norma, a cargo del Consejo de Ministros, sino que anuncian  demandas a granel.

El proyecto ley sobre las Zidres fue uno de los más importantes del Gobierno el año pasado y recibió el visto bueno del Congreso en diciembre. El Gobierno lo defiende como un mecanismo para el fomento de proyectos productivos que beneficien a los campesinos sin tierra y promuevan la inversión de capital en el agro en zonas con características similares a la Altillanura. Su objetivo, ha reiterado el Ejecutivo, es el de disminuir la pobreza, promover el desarrollo económico y social, mejorar las condiciones agrológicas del suelo, incentivar la conservación del medio ambiente y promover el acceso a la propiedad de la tierra. 

EL NUEVO SIGLO consultó a varios de los congresistas que estuvieron al frente del trámite del proyecto, quienes indicaron que lo importante es cómo se haga la reglamentación, que estaría a cargo del Consejo de Ministros.

Arturo Yepes, conservador y presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, aseguró que una vez la ley sea sancionada, la reglamentación  debe permitir viabilizar los mecanismos para que tanto el capital extranjero como el nacional, del sector privado, se vinculen con organizaciones de campesinos para empezar a hacer productivos extensos terrenos de la Nación, unos considerados baldíos y otros no.

“La ley estableció que la reglamentación la expedirá el Gobierno y con discusión en el Consejo de Ministros. Es decir, será el propio Presidente y su gabinete quienes expidan la reglamentación respectiva para que se alcance el propósito de generar por lo menos medio millón de nuevos empleos”, aseguró.

Señaló el legislador caldense que en el texto de la ley no se puso límite para la expedición de la reglamentación, pero que se espera que la misma “sea haga de la misma manera como se hacen todos los reglamentos de las leyes”.

Explicó que una vez se sancione la norma se irán expidiendo los diferentes decretos y que algunos de ellos podrán tardar algunos meses. “En esta reglamentación deberán ir delimitaciones de áreas mínimas y máximas a utilizarse en algunas zonas del país. También deberá ir la manera en que se asociará el trabajo y cómo se explotarán las tierras. Igualmente lo relativo a las inversiones que debe hacer el Estado allí”, recalcó.

Dudas y demandas

A su turno, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, uno de los más críticos de la norma, anunció la presentación de una demanda a la ley, una vez sea sancionada.

“Este proyecto, entre muchas de las irregularidades, tiene una que deja un margen discrecional muy alto para que el Gobierno haga lo que quiera y eso es de alto riesgo”, sostuvo.

Aseguró el senador que será el Consejo de Ministros y la Unidad de Planeación los que van a resolver lo que quieran, como los criterios de las llamadas asociaciones de los empresarios con los campesinos. 

“Cuente con que viene un poco de demandas en la Corte Constitucional. Yo sé que hay varios equipos de abogados  trabajando y eso lo van a demandar en el alto tribunal, y el Polo efectivamente también demandara”, dijo Robledo.

Añadió que en la ley quedó un punto complicado como la naturaleza misma de las Zidres. “Son como una especie de entes territoriales que pasan por encima de la descentralización, los poderes locales y de los POT (Planes de Ordenamiento Territorial)”, agregó.

Paradójicamente el Centro Democrático, crítico permanente del Gobierno, salió en defensa la iniciativa. El senador Carlos Mejía opina que viene ya la implementación de la que consideró como una gran herramienta para darle desarrollo a la Altillanura colombiana.

Recalcó que no se había legislado sobre la materia y que creía “que fue una de las cosas más importantes que se hizo en la Comisión Quinta. Hubo unas audiencias públicas en donde los llaneros, los ancestrales, los que han estado comprometidos con las tierras, han tenido la oportunidad de hacer sus observaciones”.

Recordó que había mucho temor entre el campesinado en torno a que se pudiera perder la propiedad de la tierra pero que quedó claro en la ley que ese riesgo no existe.

Acerca de la preocupación del senador Robledo en torno a que el Consejo de Ministros sea el que lo reglamente, Mejía sostuvo que le dijo al congresista “que a ellos les da siempre temor de que las trasnacionales vengan a invertir a Colombia, y le manifestó que a la única trasnacional a la que había que tener temor era la de las Farc”.

Otro de los parlamentarios que piensa demandar esta ley es el senador del Casanare, Jorge Prieto, de la Alianza Verde, quien considera que la norma aprobada le permite a las empresas adquirir un número superior de hectáreas y también adjudicar terrenos baldíos a esas compañías, ya sean nacionales o extranjeras.

Aseguró, además, que “lo que nosotros queremos es que esas mismas garantías que se les dan a los empresarios, se les puedan dar al resto de campesinos del país. Mi posición es que el campo se desarrolle a partir del pequeño y mediano empresario, es decir convertir a los campesinos en empresarios”.

Puntualizó el senador que él tiene pensado firmar algunas demandas con el Polo, aunque su partido también radicará acciones jurídicas al respecto.