Más de 400 miembros de pueblos indígenas Awá (Putumayo y Nariño), Emberá y Senú (Antioquia) fueron víctimas en 300 hechos violentos durante los últimos 11 años, según estudio socializado ayer por el director del Programa Presidencial Indígena, Gabriel Muyuy, y la directora nacional de Fiscalías, Elka Venegas.

Se trata de 3 de los 36 grupos declarados por la Corte Constitucional en los Autos 004 de 2009 y 382 de 2010 como pueblos indígenas en grave riesgo de extinción física y cultural.

Según hallazgos del estudio se presume la responsabilidad de las Farc en el mayor número de hechos violentos. Se identificó también que frente a estos hechos se han iniciado 153 investigaciones penales, de las cuales a la fecha del presente informe, solo en 4 se ha logrado emitir sentencia: 3 condenando a los responsables y 1 absolviendo a parte de estos, pero continúa el proceso para los otros acusados.

“El derecho colectivo, tanto territorial como personal, pero el cultural y espiritual, que se vulnera en cada muerte a un miembro indígena, en especial a mujeres y menores de edad, es de suma gravedad y genera implicaciones graves a los derechos fundamentales, colectivos e integrales. ¡Esto no puede seguir sucediendo! Resulta necesario y urgente trabajar mancomunadamente por fortalecer más la protección a la pervivencia física y cultural de los Pueblos”, enfatizó Muyuy.

La audiencia pública en que se presentó el informe contó con la presencia de representantes de las organizaciones indígenas de estos pueblos, como la Acipap del Putumayo y Unipa de Nariño, del pueblo Awá; y la OIA que representa, entre otros, a los pueblos Emberá y Senú de Antioquia.

Los delegados de los pueblos Awá, Emberá y Senú, a quienes la metodología del estudio permitió ser partícipes como principales fuentes de la información, expresaron observaciones relevantes entre las que se destacan el que las afectaciones a los pueblos son históricas y sistemáticas en disputa por el control territorial que los actores armados instauran en estos territorios.

Coincidieron en hacer un llamado a los funcionarios de las entidades competentes para que por un lado, cumplan con su obligación y cubran también los hechos violentos en los territorios más distantes; y que, en busca del cese de la impunidad, avancen con celeridad en las investigaciones, dado que esto contribuiría a parar los actos violentos “cuando hay responsables y no se condenan, los actores armados no se inmutan, siguen rampantes”.

Al cierre de la audiencia las recomendaciones y sugerencias presentadas por el Programa Presidencial Indígena, fueron acogidas por los funcionarios, quienes propusieron mecanismos de articulación, y de acción conjunta como Estado en función de rodear a las entidades competentes y, en especial, a las propias autoridades indígenas. El fortalecimiento de mecanismos actuales de prevención y protección para evitar nuevos hechos hizo parte también de los compromisos adquiridos, así como la participación articulada de otras entidades como la Unidad de Atención a Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad Nacional de Protección.