Cuatro aspirantes se quejaron de que se haya cambiado el mecanismo legal para revisar las fiemas para favorecer al candidato.

UNA CERTIFICACIÓN mediante la cual se informa que el médico conservador Rodrigo Guerrero alcanzó un total de firmas válidas de 68.780, superior al mínimo legal exigido de 50.000 apoyos para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Cali, expidió ayer la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría.

Según informa la entidad, el proceso de revisión de firmas una a una del candidato Guerrero comenzó el pasado jueves 25 de agosto, tan pronto el aspirante interpuso el recurso de resposición al que tenía derecho, contra la decisión que en primera instancia le negó la inscripción de su candidatura dado que el muestreo estadístico empleado en la primera revisión, utilizado con base en las disposiciones vigentes a la fecha, arrojó que el número de firmas válido no superaba el mínimo legal.

De acuerdo con la certificación expedida, Guerrero aportó realmente 116.060 firmas de las cuales 68.780 resultaron válidas. Entre las 47.280 firmas descartadas se encuentran 736 por corresponder a personas fallecidas, 611 por ser de personas detenidas con pérdida de derechos políticos; 5.469 por tratarse de supuestas personas que no existen en el Archivo Nacional de Identificación, 8.227 por inconsistencias entre el nombre y el número de la cédula, 13.694 por no hacer parte del censo electoral de Cali, 1.820 por no hacer parte del censo electoral nacional, 4.378 por estar repetidas, 1.789 por datos incompletos, y 9.052 por uniprocedencia, es decir por estar suscritas por un mismo amanuense. De hecho se encontraron 275 páginas de formularios diligenciadas por una sola mano.

Inhabilidad

Cuatro de los contrincantes de Guerrero por la Alcaldía de Cali, Sigifredo López (Partido Liberal), Fabio Cardozo (movimiento Pa’lante Cali), María Isabel Urrutia (Polo Democrático) y Clara Luz Roldán (Partido Social de Unidad Nacional, La U), hicieron notar que fueron numerosas las firmas dadas de baja por circunstancias que podrían configurar el “delito tipificado en el código penal como falsedad en documento público”.

Los aspirantes también se quejaron de que se haya cambiado el mecanismo legal para revisar las fiemas para favorecer a Guerrero y que este escándalo haya sido utilizado para invisibilizarlos. “Tal parece que se pretende imponer candidaturas, por encima de los procedimientos previamente establecidos, cerrando los espacios de debate y utilizando la difamación y el ataque a la honra de los candidatos que no somos de sus preferencias”, manifestaron en un comunicado conjunto.

El senador vallecaucano Alexander López, del Polo Democrático, denunció ayer también que Guerrero tiene una inhabilidad por parte de la Procuraduría para aspirar a ese cargo, ya que tiene prohibido contratar con el Estado hasta el año 2014.

Además, López expuso cómo los dos presuntos testigos claves de Guerrero, que daban testimonio del presunto soborno que le pidieron, ya se retractaron de sus afirmaciones.

Jaime Dussán, presidente del Polo Democrático, le pidió al procurador Alejandro Ordóñez que le “ponga freno” a la participación en política del presidente Juan Manuel Santos, quien tendría “un sesgo favorable frente a algunos candidatos, como pasó en Cali”.

Plan Democracia

En el transcurso de la semana el Ministerio de Defensa va adelantar el Plan Democracia  en los 72 municipios en donde los niveles de seguridad tienen mayor riesgo, informó el ministro del Interior, Germán Vargas.

Hoy, indicó Vargas, será expedida la reglamentación para que los diferentes candidatos puedan solicitar avances para la financiación de sus campañas.

“También, esta semana quedara reglamentado el proceso de escrutinios y las funciones que cumplirán los jurados de votación. El 16 de septiembre se tendrán los nuevos mapas de riesgo, y mañana será expedida la modificación al decreto que  le permite al Ministerio del Interior asumir  el Sistema Nacional de Protección a candidatos”, explicó.

En cuanto a la situación de los más de 100 mil candidatos para las elecciones regionales, el Ministro reveló que en el tema de impedimentos la Procuraduría registró 2.307, y expresó su preocupación porque, a la fecha, 467 de ellos aún están  inscritos: “la Procuraduría procedió a solicitarle al Consejo Nación Electoral que se revoque la inscripciones de estas personas”.

A propósito de las criticas al informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, Vargas aseguró que los partidos políticos sí tuvieron conocimiento de las listas sobre los candidatos que presuntamente tendrían problemas con la justicia.

“Los informes que entregó Arco Iris los pusimos a consideración de los organismos de inteligencia que emitieron recomendaciones que le fueron enviadas a los partidos”, afirmó Vargas.