Cuatro zonas de la Región Caribe fueron alertadas por el manejo que le  están dando a los recursos de las regalías y del sistema general de participaciones, así como de partidas del orden nacional.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, existe un posible detrimento patrimonial por más de 25 mil millones de pesos, en los departamentos de Atlántico y la Guajira, así como en las ciudades de Riohacha y Sincelejo.

Se trata de recursos destinados a proyectos agropecuarios, agua potable y saneamiento, así como a obras viales y de infraestructura.

Las advertencias proferidas por la Contraloría auxiliar para el Sistema General de Regalías indican que existe una alta probabilidad de riesgo en diferentes proyectos que se desarrollan en estas regiones y que afectarían derechos sociales, económicos, culturales y por conexidad derechos fundamentales de las respectivas comunidades.

En el Atlántico, el control de advertencia se refiere a la implementación del proyecto de  reinserción económica de mil familias campesinas afectadas por la ola invernal en seis municipios del sur del departamento: Manatí, Repelón, Santa Lucía, Suán, Campo de la Cruz y Candelaria. Además, está relacionado con la recuperación del hato ganadero para el mejoramiento de la producción de leche en estos mismos municipios.

La CGR llamó la atención del gobernador, José Antonio Segebre, por considerar que el ente territorial como cofinanciador del proyecto con recursos de regalías presenta presuntas fallas en la supervisión del contrato debido a que los beneficiarios afirman que el ganado comprado no corresponde a las características fenotípicas y genotípicas establecidas en las fichas técnicas.

Asimismo, el ente de control alertó a la gobernadora de la Guajira, Sugeila Oñate Rosado, sobre el riesgo que corren recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones cuantificados en 2.300 millones de pesos,  representados en 11 convenios que beneficiarían a los municipios de Camarones, Carrizal, Chaima, Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha y Uribia, y a las comunidades indígenas Ahumao, Aranaipa, Bostolen, Cardón, Ekimana, Guaraima, Jupurarao, Masulen y Toloumana. 

También, el mandatario de Riohacha, Rafael Ceballos Sierra, fue notificado por medio de dos funciones de advertencia de la Contraloría sobre un posible daño fiscal en dos contratos interadministrativos suscritos por el municipio de Riohacha y la Asociación de Municipios del San Jorge (Asosanjorge).

En este mismo sentido, el alcalde de Sincelejo, Jairo Fernández Quessep, fue advertido por la Contraloría General por un posible detrimento patrimonial por $948.880.620 en la implementación de alternativas de manejo ambiental en áreas de recarga del acuífero Morroa Fase I,  el cual está incluido en el Plan de Desarrollo Municipal.

La advertencia también se dirigió a la directora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Amparo García Montaña, indicando los posibles perjuicios ocasionados al patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la falta de gestión por parte de la administración municipal. La cuantía afectada está representada en más de 1.300 millones de pesos.

Con base en las Funciones de Advertencia emitidas para la Región Caribe, la Contraloría General de la República busca alertar, tanto a las autoridades territoriales como a las entidades del orden nacional para que, en aras de los principios fundamentales de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, se busque la finalización de los proyectos, obtener los beneficios asociados y así garantizar a las poblaciones beneficiarias el cumplimiento de sus Derechos sociales, Económicos y Culturales, según sea el caso.