Ante la situación actual del mercado, cursa actualmente en el Congreso un proyecto que pretende reformar la Ley 1527, o ley de libranzas.
Con ello se pretende aumentar los controles a quienes pretendan negociar este tipo activos. El proyecto de autoría del senador Antonio Navarro, ya recibió luz verde en su primer debate y pasará a ser discutido por la plenaria del Senado.
De acuerdo con el texto en discusión, la venta de libranzas a inversionistas solo podrá hacerse a través de instrumentos de mercado regulados como los productos fiduciarios y los fondos de inversión colectiva (FICS). Adicionalmente se exigirán requisitos mínimos en materia de indicadores financieros como solvencia y capitalización.
“Lo que hace es un ambiente más seguro para este clase de negocios, por lo cual esperamos que no se vuelvan a presentar los problemas que actualmente estamos enfrentando”, dijo el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
“Con esta reforma a la Ley 1527 se introducen mayores controles a la administración de libranzas y en esa medida se permite más seguridad a los compradores de este tipo de papeles”, agregó el funcionario.
En lo corrido de 2016, la Superintendencia de Sociedades ha sometido a control a 13 compañías involucradas en el negocio, de ellas 9 fueron enviadas a reorganización y posteriormente 6 afrontan procesos de liquidación. Actualmente 5 de las sociedades están intervenidas por captación ilegal.
Reyes resaltó que continúan los trabajos de investigación para establecer cómo se gestó la crisis de las libranzas y en esa medida agradeció la cooperación organismos de control como la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Economía Solidaria, quienes tienen a su cargo la vigilancia de fiduciarias y cooperativas.
Ojo con captación ilegal
Asimismo, el superintendente de Sociedades reiteró además que toda persona natural o jurídica que promueva o promocione por cualquier medio, esquemas que resulten en la captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización legal, será responsable penal y civilmente por sus actuaciones.
Al respecto, el superintendente, Francisco Reyes Villamizar, hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que no ponga en riesgo sus ahorros y evite entregar sus recursos a esquemas piramidales.
Reyes Villamizar recalcó que la actividad de captar dinero del público y prestarlo, solo puede ser llevada a cabo por entidades debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera, so pena de incurrir en el delito de captación masiva y habitual, conducta que conlleva a prisión, según el Código Penal.
Vigilancia
Señala el superintendente de Sociedades que en el tema de las libranzas, “lo primero que hemos mandado a hacer son 400 oficios para limitar el universo de compañías y depurar el sector, para saber cuáles pueden tener problemas. Asimismo hemos practicado cerca de 70 visitas. Sometimos a un grado de control a 13 compañías, lo que significa que quedan sujetas al grado más alto de fiscalización. Esas compañías deben pedir autorización para enajenaciones o capitalizaciones. Pero podemos declarar la apertura de insolvencia si la Superintendencia lo considera pertinente”.
Indica que “precisamente en ese proceso de insolvencia se encuentran 9 sociedades, de las que han entrado 4 a régimen de intervención gubernamental por violación a las reglas sobre captación ilegal de recursos. Además de la gestión, integralmente trabajamos con la Fiscalía y la Procuraduría, además de tener la colaboración de otras superintendencias, como la financiera cuando se trata de patrimonios autónomos o la Supersolidaria en lo relativo a cooperativas dedicadas a las libranzas. Además hemos tenido el respaldo de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se trata de proteger a los ahorradores y consumidores financieros que prestan dinero a esas clases de entidades”.
Asegura Reyes que “en la intervención de empresas como Estraval y Elite, hemos venido avanzando de acuerdo a las disposiciones legales en su intervención y en el manejo de los recursos. Pero la complejidad de este asunto, en que muchas veces las entidades se valen de tutelas que debemos responder, no podemos poner en riesgo las acciones de la Superintendencia”.
Frente al mercado, el Supersociedades señala que “quiero dar un parte de tranquilidad con nuestras actuaciones. En estos procesos el monto de las reclamaciones son cuantiosos con miles de inversionistas. Actualmente estamos cumpliendo con los trámites legales y estamos facilitando a los inversionistas las reclamaciones y obviamente tratando de recuperar los dineros que más se pueda”.
Sostiene que “todavía no podemos consolidar el número de personas de las reclamaciones, ya que hay mucha gen te que se presenta y no tienen derecho o ya les han pagado o no tienen los documentos. El tema de las libranzas ha afectado a todo el país, pero principalmente a ciudades como Bogotá, Medellín y otras”.
Recursos
En una de sus intervenciones, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, a través del auto 400-014856, ordenó que todo recurso proveniente de los pagarés negociados con Elite, sea consignado como depósito judicial a órdenes de la Superintendencia de Sociedades.
La medida va dirigida a 247 pagadurías de entidades públicas y a 18 operadores de libranzas que registran vínculos con Elite International Américas S.A.S –EIAS S.A.S en reorganización.
Adicionalmente se ordenó a la firma Thomas Manejo Técnico de Información S.A abstenerse de entregar los títulos bajo su custodia, así como permitir cualquier otra medida sobre los mismos sin autorización previa y expresa de este despacho.
Las medidas cautelares buscan proteger, custodiar y recuperar los bienes en poder de la compañía en reorganización.
Vale la pena recordar que desde el pasado 9 de septiembre la Superintendencia de Sociedades decretó, de oficio, la reorganización de Elite International Américas con el propósito de resguardar a los acreedores frente a los efectos de ciertas decisiones adoptadas por Elite International Américas SAS mediante las que se eludiría su obligación de pago.
Intervención
En la última intervención de la Supersociedades con el tema de libranzas ordenó, de oficio, la reorganización de Invercor D Y M S.A.S en los términos de la Ley 1116 de 2006.
“La decisión se da luego de que el Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, solicitara la apertura del proceso de insolvencia de la compañía en la modalidad de reorganización empresarial”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.
Invercor D Y M S.A.S fue sometida a control por parte de la Superintendencia de Sociedades desde el pasado mes de septiembre debido a diversas situaciones críticas de orden contable, administrativo y jurídico por las que atravesaba la sociedad. Invercor D Y M, sociedad constituida el 21 de octubre de 2014, tiene como objeto principal la comercialización de créditos de libranza.
Según los informes que reposan en el expediente, que puede ser consultado en la Superintendencia de Sociedades, Invercor D y M S.A.S., presenta diversas situaciones críticas entre las que se destacan que la sociedad atraviesa una crisis financiera debido al incumplimiento de los deudores en el pago de sus obligaciones crediticias, lo cual no permite continuar con la solvencia necesaria para hacer frente a los gastos que representa la operación.
Además, hay cesación de pagos de los flujos adeudados a créditos de libranza que Invercor D y M S.A.S. vendió a otras sociedades y que éstas a su vez vendieron a terceros.
Indica la Supersociedades que “no fue posible verificar la autenticidad e integridad de los balances a 2014, 2015, febrero 29 de febrero de 2016 y julio 31 de 2016 y no se presentaron certificaciones de los estados financieros ni el dictamen sobre los mismos. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad ha generado, en algunos casos, la suscripción de acuerdos de pago y el impago oportuno a sus acreedores, todo ello con consecuencias negativas para estos”.