Mientras que el Gobierno anuncia que presentará una reforma al sistema de aseguramiento en salud, en el Congreso ya cursan iniciativas en el mismo sentido.

La incógnita está en qué tanto podrán conciliarse dos posturas que no necesariamente son paralelas, pues el Ejecutivo acepta la necesidad de cree apuesta por el ajuste a fondo mientras que en el Legislativo creen más en la tesis del borrón y cuenta.

 

Babel

 

Que hay crisis en el sistema de salud es algo que ya nadie discute.

Pero como siempre en estos casos, en que todo es según el color del cristal con que se mira, los debates se generan en torno al diagnóstico de sus orígenes, características y soluciones.

Pero ahí está el detalle: mientras no hay acuerdo entre quienes creen que hay que aplicar las normas existentes, modificarlas o derogar completamente la Ley 100, los pacientes siguen padeciendo por ser tratados como clientes y no como personas.

 

Ley Estatutaria de Salud

 

El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, anunció que este proyecto le dará cambios profundos a la normatividad del sector.

“Asumimos un compromiso como Gobierno”, dijo hace como diez días, “de presentar en las próximas dos semanas una Ley Estatutaria que va a ser el comienzo de una serie de cambios normativos al sector”.

El Ministro invitó al Congreso a debatir la reforma a la salud, primero, mediante una Ley Estatutaria.

“Debemos tener orden, una secuencia clara: primero la Ley Estatutaria y después vendrá la discusión sobre la Ley Ordinaria que tendremos a lo largo del semestre” afirmó.

 

El modelo

 

El ministro Gaviria hizo el mencionado anuncio cuando la Comisión Primera de la Cámara debatió y aprobó en primer el acto legislativo que eleva la salud a derecho fundamental (ver recuadro).

Al Gobierno no le cae bien la iniciativa. Para sus voceros, entre quienes para estos efectos Gaviria se encuentra en primera fila, volver público todo el sistema de salud puede tener un efecto negativo, porque no habría financiación estatal suficiente para atender el requerimiento de la población. Además, sostienen los funcionarios gubernamentales, “la discusión del modelo debe darse en el marco de una reforma legal, no constitucional”.

 

Congreso

 

Precisamente el Congreso ha sido el escenario para el debate de esta problemática.

Hace poco el senador vallecaucano Mauricio Ospina, del Polo Democrático, reafirmó que la crisis estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud es un hecho público y notorio constatado por la ciudadanía, los diferentes actores del sistema, el Congreso, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Veedurías Ciudadanas, la Corte Constitucional y el propio Gobierno Nacional.

Para Ospina, “una de las principales causas de la crisis del sistema es la ausencia de una efectiva inspección vigilancia y control en cabeza del Estado”.

Pero los peros no solo los saca a relucir la oposición. El senador nortesantandereano Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, denunció no hace mucho que en la mayor parte de los departamentos colombianos los altos niveles de corrupción originan una mala prestación de los servicios asistenciales en la red hospitalaria y mantiene en una permanente crisis la salud de los colombianos.

"Los colombianos requerimos de muchas explicaciones en torno al tema de salud, de la inversión pública en este sector y las transferencias hechas por el gobierno nacional a los entes territoriales y a las firmas responsables de la prestación de la salud pública en Colombia", señaló el senador Corzo, al tiempo que resaltó que "mientras las entidades territoriales hacen millonarios depósitos en entidades financieras de bajo perfil y las EPS realizan millonarias inversiones en negocios de finca raíz, pagan honorarios de abogados, compran hoteles y centros de recreación con recursos de la salud, la mortalidad infantil crece en Colombia. La mortalidad materna y la gente se muere en las puertas de los hospitales por desatención en el llamado paseo de la muerte".

 

Otro modelo

 

“Liquidar el modelo empresarial o de negocio particular para la prestación de los servicios de salud en Colombia” es uno de los propósitos de un proyecto de reforma constitucional que busca elevar la salud a derecho fundamental.

El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara y espera tener lista la ponencia del segundo debate para ser agendado en la plenaria de la mencionada Corportación.

Para los autores de la iniciativa, “la salud es consubstancial a la vida. La vida como la salud deben ser garantizadas y protegidas por el Estado y no por los particulares”.

Se trata del proyecto de acto legislativo número 20 de 2012 Cámara, “por el cual se adiciona un inciso al artículo once de la Constitución Política que eleva a derecho fundamental a la Salud de todos los colombianos”, radicado el 26 de julio por los representantes Pablo Enrique Salamanca, Víctor Raúl Yepes, Óscar de Jesús Marín, Hugo Orlando Velásquez, Iván Darío Agudelo y Jorge Eliécer Gómez, del Partido Liberal; Humphrey Roa, del Partido Conservador; Gloria Stella Díaz, del MIRA; Fernando de la Peña, del Partido de Integración Nacional (PIN); así como Rosmery Martínez y Camilo Andrés Abril, de Cambio Radical.

De acuerdo con los autores, “si no está garantizada la salud, el derecho a la vida es apenas un enunciado inane. La vida como la salud deben ser garantizadas y protegidas por el Estado y no por los particulares. La vida y la salud no son transables tampoco son mercancías sujetas a las leyes del mercado o a la veleidad usurera de empresarios. Con este proyecto la salud se erige entonces en derecho fundamental”.

Tras sostener en la exposición de motivos que “la Corte Constitucional ha determinado en sucesivas sentencias que la salud es un derecho fundamental”, señala taxativamente que “el Gobierno y las EPS han hecho caso omiso de la Sentencia T-760 de 2008” proferida por ese alto Tribunal, “en donde se resolvieron 22 tutelas, en las que se solicitaba proteger el derecho a la salud”.

De acuerdo a lo expuesto por los congresistas, “la Corte ordenó el cumplimiento de cronogramas por parte de las diferentes entidades involucradas en el tema de la salud”, precisando cosas como que “el servicio no puede negarse mediante exigencias de dinero, si el paciente carece de capacidad económica”, así como que “aún en los casos de atraso en el pago de las cotizaciones a Salud la EPS o IPS no puede negarse un servicio de salud”, entre otras consideraciones similares.

“La Corte ordenó reformar o actualizar y unificar los POS tanto para el régimen contributivo como el subsidiado, primero en los niños luego y progresivamente con los adultos” y “ampliar las competencias del Comité Técnico Científico de cada EPS”, recordaros los congresistas.

 

 

Artículo 11 de la Constitución

 

Texto actual

 

El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

 

Texto proyectado

 

El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

El servicio de salud es responsabilidad indelegable del Estado, no sometido a reglas de rentabilidad. Conforme a su capacidad económica, las personas contribuirán al sostenimiento del servicio en las condiciones que determine la ley. Podrán contratarse servicios hospitalarios o ambulatorios con empresas particulares. Estos serán definidos y regulados por la misma ley.

No habrá intermediación financiera en la administración de los recursos de la salud por particulares.

 

 

Intentos anteriores

 

El representante Salamanca ha sido autor o coautor de fallidos intentos anterior por reformar el artículo 11 constitucional y elevar la salud a derecho fundamental.

El proyecto de acto legislativo número 200 de 2012 Cámara fue archivado en primer debate el pasado 17 de abril, al igual que había ocurrido con el número 48 de 2011 Cámara, hundido en primer debate el 2 de noviembre del año anterior.

El 16 de noviembre de 2010 la iniciativa fue retirada por sus autores y 18 de abril de 2006 fue archivada por vencimientos de términos.

La salud también ha querido elevarse a derecho fundamental reformando el artículo 49, corriendo la misma suerte. El más reciente fue presentado por el senado Luis Carlos Avellaneda y la bancada del Polo Democrático el 21 de octubre de 2010 y archivado por vencimiento de términos el 16 de diciembre siguiente.