A la fecha de hoy, han pasado 86 días, casi tres meses, desde que concluyó el primer periodo de esta legislatura en el Congreso y las buenas intenciones para enderezarle el camino a la reforma a la justicia no han dado frutos.

El principal escollo es el retiro de los magistrados de las altas Cortes del debate legislativo.

Congresistas que estuvieron en los debates han dicho que los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, en ese momento Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, literalmente se “mamaron” de la forma en que se desarrollaron los debates, a lo que obviamente los legisladores están acostumbrados, pero los magistrados no, por lo que se sintieron maltratados.

Nada personal

Y no fue asunto de susceptibilidades personales, porque ambos cargos fueron relevados y sus sucesores, Javier Zapata y Gustavo Gómez, respectivamente, no han dado muestras de querer dar marcha atrás.

Los primeros en marcharse fueron los magistrados del Consejo de Estado, tras los cuales también se fueron los juristas de la Corte Suprema.

Mientras en la Corte Suprema se concluyó que la iniciativa no cumplía con los principios de un rápido acceso, celeridad y una justicia pronta y cumplida; en el Consejo de Estado se consideró que la propuesta de reforma que estudia el Congreso dista de las que fueron evaluadas entre el Gobierno y los magistrados de los altos tribunales.

El magistrado Tarquino dijo entonces que “debería hundirse la reforma a la justicia en el Congreso” y Fajardo expresó que “nosotros seguimos siendo respetuosos de la autonomía del Congreso, pero no vacilamos en señalar que en las condiciones en las que se encuentra el proyecto es preferible que no se apruebe por el bien del país y la administración de justicia”.

“La propuesta del Consejo de Estado está completamente desdibujada, muy lejos de la respuesta congruente y coherente para contribuir a la discusión y desafortunadamente no ha tenido ninguna consideración”, lamentó el magistrado Fajardo.

Cuando los magistrados anunciaron su retiro, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunció que no desistiría de tratar de convencer a los magistrados para que vuelvan a participar en el trámite del proyecto.

“Nos van a hacer mucha falta en lo que resta de la  discusión del proyecto de reforma constitucional”, expresó al alto funcionario.

El ministro del Interior, Germán Vargas, prácticamente el gestor de la reforma, toda vez que fue una de sus banderas más preciadas durante la campaña presidencial, aseguró que el proyecto no será retirado del Congreso e invitó a los magistrados para que vuelvan a la deliberación: “La reforma continúa su trámite y esperamos que se reconsidere esta situación. Esto es un proyecto tan importante y de tanta envergadura, tan aplazado por tantos años, que no se comprende bien cómo una Corte se margina del escenario natural que es el Congreso. Esperamos, en esta época de receso navideño y del primer trimestre del nuevo año, incorporar nuevamente a los magistrados de una y otra corte para continuar deliberando”.

Infortunadamente, estos tres meses no fueron suficientes para el regreso de los magistrados. Por el contrario, ya también hay agitación entre los legisladores, como se verá más adelante.

No se hunde

La sombra del retiro del proyecto comenzó a rondar al proyecto cuando se comenzaron a barajar las posibles soluciones al problema.

Los presidentes del Senado y la Cámara, Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, y Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, le dieron la razón los magistrados de las altas Cortes sobre que así como iba la reforma a la justicia era mejor que se hundiera.

En diciembre el senador Corzo sostuvo que si antes de marzo no había avances, era mejor que la iniciativa se hundiera. “Muchos parlamentarios pensaron que era una fiesta. La Constitución debe ser tratada con el mayor cuidado, es la carta sagrada de los colombianos, el régimen de la convivencia entre el Estado, la convivencia del Estado y los particulares, y de los particulares mismos. Ese susto hay que entendérselo a los magistrados de las Cortes”.

El representante Gaviria sostuvo que “es muy grave el retiro de la Corte Suprema de la discusión del proyecto de reforma de la justicia, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr enmendar la reforma”.

Sin embargo, conformado lo dicho por el ministro Vargas, el propio presidente Juan Manuel Santos dijo que solo se le retiraría el respaldo a la iniciativa si su contenido “se vuelve más negativo que positivo”, lo que a su parecer aún no ha ocurrido, admitiendo que si bien esta no es “la reforma ideal”, tiene contenidos positivos para lograr la descongestión y mejor funcionamiento de la Justicia.

El ministro Esguerra afirmó que el Gobierno “está más convencido que nunca de las bondades del proyecto, de las enormes ventajas que significan para la organización y estructura de la administración de justicia, para caminar en la vía de la descongestión de los despachos judiciales”.

La sombra del retiro fue definitivamente disipada por el representante vallecaucano Heriberto Sanabria, del Partido Conservador, cuando expresó que el proyecto continuará su trámite y ni siquiera el Gobierno podrá tomar una eventual decisión de retirarlo del Congreso, porque se trata de un asunto más que necesario.

Independencia

Pero con el transcurrir de los días y los debates, el asunto derivó del simple desacuerdo con lo aprobado, sino que con base en el inconformismo de la cúpula judicial en Colombia con el proyecto de reforma que cursa en el Congreso, está haciendo carrera entre los magistrados la idea de que los presidentes de las altas Cortes pidan oficialmente a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva que programe una visita a nuestro país para conocer de primera mano la situación que ellos califican de crítica y desinstitucionalizadora.

En la carta que le enviaron al presidente Santos los magistrados Tarquino y Fajardo, en compañía de la entonces fiscal Viviane Morales y el procurador Alejandro Ordóñez, se le pidió al gobernante intervenir porque “los cambios hasta ahora aprobados afectan de manera directa dos de los principales elementos que necesaria y esencialmente deben formar parte de la organización judicial en los regímenes democráticos, como el que usted permanentemente proclama, defiende y preside: la independencia y la autonomía del poder judicial, pilares de la paz y la convivencia sociales”.

En respuesta, Santos aconsejó que en lugar de satanizar el proyecto, lo que los colombianos esperan que los poderes se sienten, en forma madura y responsable, a discutir para tratar de mejorarlo.

“Soy el primero en decir: esta no es la gran reforma a la justicia. Pero son pasos importantes en la dirección correcta. Pasos importantes en descongestionar la justicia, en volverla más pronta, que es uno de los objetivos que todos los colombianos estamos buscando”, dijo.

Y agregó: “Repito, no es la gran reforma, pero no es lo que algunos dicen, que es un retroceso en el avance democrático del país. ¿Cuál retroceso? ¿Dónde está ese retroceso? O, ¿qué vulnera la independencia del poder judicial?”.

“Háganme el gran favor y me señalan dónde se vulnera la independencia del poder judicial. Díganme cuál es el artículo que vulnera la independencia de la justicia. No. Lo que pasa es que algunos han querido satanizarla diciendo que se va a privatizar la justicia. Les ruego el favor que me señalen dónde o qué artículo dice que se va a privatizar la justicia”, anotó.

Escenarios

Tanta polarización llevó que el obispo de Fontibón, Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, anunciara que la jerarquía católica se ofrecía a ser facilitadora en un proceso de diálogo entre el poder Ejecutivo y las altas Cortes; Córdoba planteó un dialogo que aún está pendiente de realizarse este mes.

El encuentro que sí se dio fue entre Gobierno y Congreso este fin de semana en Manizales.

Desde diciembre, los magistrados solo han accedido a debatir la reforma en su ambiente, el académico.

Fuero militar

Pero en las últimas otra pata le salió al gato. Los defensores de los derechos humanos han criticado un artículo de la reforma a la justicia, según el cual todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares y “en todo caso” se presumirá la relación de estos actos irregulares con el servicio.

Hace un par de semanas, el presidente Santos anunció que el Gobierno Nacional atendió una iniciativa surgida de la comisión de expertos para retirar el artículo de la reforma a la justicia y plantear, como alternativa, una reforma a la justicia penal militar donde se abordaría el fuero con mayor amplitud.

Ahora los que se quieren “ir” del “consenso” son los congresistas, pues en la Unidad Nacional son pocos los que están de acuerdo con el retiro del artículo.

Por ejemplo, hasta que no exista un articulado que se pueda discutir, el Partido Conservador no acepta el retiro del tema del fuero militar de la reforma a la justicia.

“El Partido Conservador no quiere saltos al vacío y mientras no conozcamos el articulado del proyecto” de justicia penal militar, donde se trataría el tema del fuero, de manera que “lo examinemos, lo debatamos”, por ahora “no aceptaremos el retiro del artículo que está contenido en la reforma a la justicia”, manifestó el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador (DNC).