Con total irresponsabilidad y en ocasiones con ligereza se viene tramitando la reforma a la Justicia, sostuvo ayer el representante bogotano Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal, en el marco de la audiencia pública organizada por la Comisión Primera de la Cámara acerca de esa reforma constitucional que espera séptimo debate en esa célula legislativa.

Como ejemplo, Salamanca le manifestó a EL NUEVO SIGLO que el hecho de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, solo por unas denuncias de corrupción que no han sido comprobadas, demuestra una real ligereza.

Esa ligereza y su cambio de propósito fueron las dos principales críticas que realizaron los expositores durante la audiencia en la que participaron 28 ciudadanos.

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), esta iniciativa no se puede considerar como una reforma a la Justicia, porque 11 artículos hablan solo de los aforados: “No es una reforma a la Justicia y claramente es una reforma que beneficia a los aforados”.

Barrios anotó además que desde principios de enero la reforma perdió completamente su norte y el único tema indispensable para las Cortes era el tiempo de jubilación.

El ex zar Anticorrupción Oscar Ortiz coincidió con Barrios: “Este proyecto, antes que una reforma a la Justicia, es una reforma política que toca varios aspectos de la arquitectura de poder de la Rama Judicial y de las otras Ramas. No toca temas como el acceso a la justicia ni tampoco la descongestión de la misma”.

Ortiz también criticó que la reforma sepulta de tajo la silla vacía, porque lo que sólo plantea son sanciones. Concluyó que “el corazón de la reforma esta infartado”.

Paulina Suárez, magistrada del Consejo de la Judicatura de Bogotá, manifestó que la reforma, como quedó en el Senado, es una sustitución de la Carta Política y por eso lo que quieren es que la Cámara se abstenga de darle trámite. “Esta reforma se está tramitando con la influencia del Ejecutivo”, anotó, “que quiere cambiar las reglas de juego”.

Para el representante Germán Navas, del Polo Democrático, esta reforma no les sirve en nada a los ciudadanos y lo que busca es dejar contentos al Ejecutivo y al Legislativo, “pero al ciudadano de a pie no le sirve para nada”.

Ante las críticas, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, dijo que los ponentes iniciarán desde hoy mismo el estudio de la ponencia con la finalidad de evitar que sea aprobada a las carreras.

Prada señaló que “hay que darle rueda suelta al concurso, a la meritocracia. Como ve, aquí hay temas de fondo que nos van a ocupar el resto de la semana y la semana entrante completa”.

Aseguró que el norte no se ha perdido y que no es cierto que sea una reforma destinada solamente a los aforados. Hay temas importantes, como el tipo de arbitraje que debe existir en Colombia y el tema de los centros de conciliación.

Alfredo Bocanegra, representante tolimense del Partido Conservador, indicó que “lo que nos corresponde es sopesar todos los temas para irlos mejorando”. Se espera que el martes de la próxima semana sea votada la iniciativa.

 

 

 

 

Críticas de la sociedad civil

Apartes del comunicado de la Coalición Ciudadana por la Justicia, integrada por ONG como MOE y Transparencia por Colombia, así como por varios constituyentes y analistas, para quienes la reforma contiene “algunas normas inaceptables y claramente inconvenientes”.

 

 

Congresistas

REFORMA EN BENEFICIO PROPIO. La supresión del conflicto de intereses en la aprobación de los proyectos de ley orgánica que modifiquen el Reglamento Orgánico del Congreso, al igual que la ya consagrada respecto de los Actos Legislativos, quebranta los principios de nuestro ordenamiento jurídico y el de todos los países democráticos.

 

 

Parapolítica

CAMBIA REGLAS DE JUEGO SOBRE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO. No son claras las consecuencias jurídicas y el impacto que las nuevas reglas procesales tendrán sobre los procesos que actualmente adelanta la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y ex congresistas. Se destaca que sólo podrán ser privados de la libertad cuando se profiera resolución de acusación en firme, o sea que podrán seguir votando los proyectos de ley en la etapa investigativa.

En este momento la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelanta 130 procesos contra congresistas y ex congresistas por el presunto delito de concierto para delinquir a saber: 112 investigados, 7 más en etapa de instrucción y 11 en etapa de juicio.

 

 

Pérdida de investidura

DEBILITA LA INSTITUCIÓN DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTAS. La pérdida de investidura solo se aplica para cuatro causales que el Constituyente del 91 consideró de extrema gravedad para la moralización del Congreso, y que por este motivo, en caso de probarse, necesariamente implicaba una sanción ejemplarizante: la salida del funcionario. Las causales son: violación de régimen de inhabilidad, incompatibilidades y conflicto de intereses, no toma de la posesión del cargo, inasistencia reiterada e injustificada, tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos.

La reforma introduce elementos que flexibilizan y dificultan la operancia de la institución, como es el caso de la necesidad de probar el dolo o la culpa de los Congresistas por parte de los demandantes; desestimula la protección de la moralidad pública por parte de los ciudadanos al condenárseles a pagar las costas cuando el fallo no les es favorable y relativiza la gravedad de unas conductas que no pueden permitírsele a los funcionarios de más alta posición política.

 

 

Autonomía

ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA JUDICIAL: La presencia permanente del Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno Judicial. Para mantener la independencia de las Ramas, la presencia del Ejecutivo en la Sala de Gobierno debe mediar con invitación previa de sus integrantes.

· La elección por el Congreso de los Magistrados del Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

· La sujeción de la apropiación de recursos para la Rama Judicial a su inclusión en documentos CONPES, con lo cual queda sometida a la voluntad del Gobierno.

 

 

Justicia privada

PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA. Como remedio para la congestión judicial, que es una situación crónica, se atribuyen funciones judiciales a abogados particulares, a empleados administrativos y judiciales, a notarios, en lugar de fortalecer la institucionalidad. Con ello se marca una clara tendencia a la privatización de la Justicia.

 

 

 

Justicia cara

EL ARANCEL JUDICIAL ACABA CON LA GRATUIDAD. Aunque en algunos casos el cobro del arancel se justificaría, como en los procesos ejecutivos adelantados por los Bancos, se deja la puerta abierta para su generalización.