Se espera la acumulación del proyecto de los congresistas, avalado por el Gobierno, con el radicado por la Fiscalía.

CON LA audiencia pública programada para este martes en la Comisión Primera de la Cámara, comienza en firme el debate a lo que se ha denominado la reforma de la Ley de Justicia y Paz.

En realidad se trata de una reforma constitucional para dotar al Gobierno y al Congreso de herramientas de justicia transicional más flexibles.

Ya en el Legislativo hay dos iniciativas. Una presentada por congresistas de la Unidad Nacional con el aval del Ejecutivo. Se trata del proyecto de Acto Legislativo 094 de 2011 Cámara, “por medio del cual se adiciona un nuevo Artículo transitorio 66 a la Constitución Política de Colombia y se modifica el Artículo 122 constitucional, con el fin de darle coherencia a los diferentes Instrumentos Jurídicos de Justicia Transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política”.
La otra fue radicada apenas el jueves por la fiscal Vivianne Morales.

La fiscal Morales considera que la iniciativa presentada al Congreso solucionará “los problemas de tipo procedimental y sustancial” para que el proceso de Justicia y Paz “pueda fluir” y puso de presente que hay más de 400 casos imputados y “apenas hemos obtenido cuatro sentencias en seis años”.

El representante tolimense Edward Osorio, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le manifestó a EL NUEVO SIGLO que muy seguramente el proyecto presentado por Morales será acumulado con el radicado por los senadores Roy Barreras (La U), Juan Manuel Galán (Partido Liberal), Antonio Guerra (Cambio Radical), Fernando Tamayo y Juan Mario Laserna (Partido Conservador), así como por un grupo de representantes entre los que se encuentra el propio Osorio, Wilson Gómez, Edilberto Caicedo, Carlos Arturo Correa, Efraín Torres, Ángel Custodio Cabrera y Alfredo Molina (La U), Telésforo Pedraza (Partido Conservador), Simón Gaviria (Partido Liberal), Alfonso Prada (Partido Verde), Jorge Enrique Rozo y Germán Varón (Cambio Radical).

De acuerdo con el senador Barreras, el acto legislativo tiene como propósito “construir las herramientas jurídicas necesarias para que los procesos de desmovilización pasados, presentes y, eventualmente, futuros se hagan bien hechos en favor de la verdad”.

Con este acto legislativo la ley podrá diseñar instrumentos de Justicia Transicional de carácter judicial o no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso, el Gobierno nacional aplicará estrategias integrales para proteger los derechos de las víctimas.

Frente al diálogo con los grupos armados, el congresista aseguró que siguen siendo terroristas, por lo tanto, "lo que deben hacer es liberar a todos los secuestrados y suspender los actos terroristas. Lo único que merecen es la confrontación legítima por parte de las Fuerzas Militares y toda la presión necesaria para que abandonen el secuestro y el terrorismo”.

El acto legislativo “resuelve el problema del limbo jurídico de los desmovilizados o el problema de más de 340 mil procesos acumulados que se demorarían 99 años en resolverse jurídicamente, si no se priorizan los casos más graves”, explicó el Senador, quien además aseguró que “será herramienta primordial para las negociaciones con los grupos armados, siempre y cuando exista una disposición de hacerlo”.

El legislador sostuvo que ésta es la segunda fase de la Ley de Víctimas: “Los colombianos hemos asumido el reto de sanar las heridas y reparar 4 millones de víctimas de los últimos 25 años, pero la tarea sería incompleta e insuficiente si sigue habiendo nuevas víctimas producto de nuevos victimarios, por eso hay que lograr la desmovilización de todos los grupos violentos para que Colombia, algún día, pueda amanecer en paz”.

El congresista concluyó que este proyecto “no significa ninguna oferta para las guerrillas, sino la elaboración de esa llave que, eventualmente, necesita el presidente Santos para abrir la puerta de la paz”.

Osorio, que es el ponente del proyecto que tendrá audiencia pública el próximo martes en la Comisión Primera de la Cámara, indicó que la acumulación es un acto que le compete a la presidente de esa célula legislativa Adriana Franco, del Partido Liberal.

La fiscal Morales, al explicar el proyecto de ley (integrado por 13 artículos), precisó que buscan “priorizar”, como principio de Justicia Transicional, los procesos de Justicia y Paz teniendo en cuenta los autores de los hechos, debido al rango o al nivel de responsabilidad, y las conductas involucradas; “todas son graves, pero habrá que priorizar las que parezcan más graves, como por ejemplo el desplazamiento forzado, la violencia de género, las masacres”, añadió.