Los magistrados cuestionaron las facultades judiciales a notarios y abogados y eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Reparos a la reforma a la Justicia que aprobó el jueves en la noche la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en su tercer debate, hicieron desde Cartagena los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Según el magistrado Camilo Tarquino y el consejero de Estado Mauricio Fajardo, la reforma está incompleta y no está escuchando a los sectores involucrados.

Semanas atrás el magistrado Fajardo había anunciado que el Consejo de Estado se retiraba de la discusión de la reforma a la Justicia por considerarla inconveniente.

De manera específica criticaron las facultades judiciales que les fueron asignadas a notarios y abogados, dentro del paquete de descongestión propuesto por el Gobierno, y la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Según el presidente de la Corte Suprema, los notarios no quieren que se les entreguen funciones de jueces. "Los notarios no están conformes con esa nueva función. Ellos quieren seguir con las funciones de notarios y no la de juez", aseguró.

El jueves durante el tercer debate, el magistrado Tarquino indicó que siempre se había opuesto a esa propuesta, pero que en aras de no ser el palo en la rueda en el trámite del proyecto de acto legislativo, respaldaría la desjudicialización de funciones jurisdiccionales siempre y cuando se especificara qué facultades se irían a otorgar. Además, se mostró partidario que antes de entregar esas funciones, la comisión de descongestión judicial, creada por el proyecto, emita un concepto previo.

De otro lado, Tarquino señaló que debió haberse reestructurado la Comisión de Investigación y Acusación, y no eliminarse. "La Comisión, si bien no ha podido prestar una labor como quiere el pueblo colombiano, no ha sido por su capricho sino porque no tiene las herramientas", indicó.

La eliminación de dicha Comisión estaba incluida en la ponencia minoritaria de la reforma y sorpresivamente le ganó a la mayoritaria, que proponía dejarla intacta. Según lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, se creará un tribunal ajeno al Congreso, integrado por 15 magistrados que conformarán tres salas, una encargada de la investigación, la otra del juzgamiento y la última actuará como segunda instancia.

Por último, desde Cartagena los magistrados instaron al Gobierno a que siga escuchando a los involucrados en la reforma para que haya nuevos cambios para el bien de la Rama Judicial.

Por otra parte, algunos representantes del Polo Democrático hicieron más reparos al fuero militar aprobado en la reforma a la Justicia.
Iván Cepeda Castro dijo que el “parágrafo sobre el fuero penal militar es un duro golpe a la Justicia colombiana, pues sustituye la justicia ordinaria por la militar, abriendo paso a más impunidad en casos como los mal llamados falsos positivos y el abuso sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado”.

El congresista insistió en que los militares no deben gozar de privilegios jurídicos distintos a los establecidos. “Pretender esto es, cuando menos, irónico, teniendo en cuenta que el 98 por ciento de los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de miembros de la Fuerza Pública se encuentran en la impunidad”, dijo.

Según Cepeda, durante la aprobación del proyecto, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo que la garantía del fuero es que todos los crímenes fuera del servicio tendrán castigo.
En ese sentido, insistió en que pasarán a la justicia ordinaria los casos de lesa humanidad que cometa cualquier uniformado.

“Las únicas contrapartes de las Fuerzas Militares son las que violando la ley atentan contra los Derechos Humanos y los Derechos constitucionales de los colombianos", afirmó.
El día de la votación, el representante Germán Navas Talero había indicado que no confía en la Jurisdicción Penal Militar.