Si hay un momento inoportuno para plantear una reforma política y electoral es, precisamente, cuando están arrancando las campañas proselitistas. Y lo cierto es que Colombia está a menos de un año para los comicios de Congreso y a escasos catorce meses para la primera vuelta de la contienda presidencial. Este primer elemento se constituye ya en un argumento de peso para evidenciar la inoportunidad de que el país aboque en estos momentos un debate de fondo y, peor aún, la discusión en el Parlamento de una reforma constitucional que reforme el sistema electoral.

Claro que hay necesidad de aplicar una reingeniería. Y no solo por la coyuntura del escándalo de la multinacional Odebrecht, cuyos tentáculos se extendieron hasta las campañas presidenciales de 2010 y 2014, sino porque la crisis es estructural: la imparable compra de votos; el trasteo de electores; la proliferación de candidatos respaldados en firmas; los topes de financiación de campañas que se convierten en rey de burlas; el dilema sobre si la financiación debe ser estatal, privada o mixta; el ‘carrusel’ de los avales; los altos índices de abstención; los desequilibrios en representación regional y local en los cuerpos colegiados; la cohabitación de mecanismos como listas cerradas y abiertas;  la ausencia de cohesión programática e ideológica en las listas de aspirantes; alianzas y coaliciones en las que priman la mecánica y no lo programático; la morosidad en los procesos judiciales y administrativos por delitos e infracciones al régimen electoral; los vacíos en el régimen de pérdida de investidura y sus causales; un Código desueto que no ha podido ser modernizado; un Consejo Nacional Electoral que no es máximo tribunal en la materia; el desorden estatutario de los partidos…. En fin, sería interminable enumerar las falencias que arrastra el sistema y que evidencian que sí se requiere una reforma, pero que abocarla precisamente en un año electoral, y con gran parte de los congresistas distraídos en las lides proselitistas para retener sus curules, no tiene lógica alguna.

Se ha dicho que sí es viable adelantar la aprobación de la reforma en estos momentos porque una parte de la misma podría tramitarse al amparo de la vía rápida legislativa con que se están discutiendo las leyes y actos legislativos derivados del acuerdo de paz con las Farc. Ello no es del todo cierto. Es claro que el pacto con la subversión, en su punto segundo, contempla mecanismos para ampliar la participación en política y mejorar la inclusión democrática, como también prevé crear 10 curules en Senado y Cámara para el partido en que deriven las Farc una vez desarmadas y desmovilizadas. Incluso se acordó la activación de 16 curules de “circunscripciones especiales de paz” para zonas golpeadas fuertemente por el conflicto… Estos temas sí son susceptibles de ser tramitados por el ‘fast track’ pero no así una reforma política y electoral de gran espectro. Ya la propia Corte Constitucional, al tumbar un decreto dictado por la Presidencia de la República con base en las facultades extraordinarias, advirtió que la vía rápida legislativa tenía límites y que estos eran, precisamente, que todo lo tramitado a su amparo debía tener conexidad directa con el texto de paz y evidenciar la necesidad imperante de acudir a medidas excepcionales para su adopción.

Por otra parte, el mismo pacto habanero estableció la integración de una Misión Electoral Especial que debía proyectar una propuesta de reforma, esta sí para tramitarse por la vía ordinaria. El viernes pasado esa instancia dio a conocer sus recomendaciones que incluyen desde la creación de una jurisdicción electoral, con nuevas estructuras como un Consejo y una Corte, hasta ampliar a 200 el número de integrantes de la Cámara de Representantes. Las listas al Senado y otras corporaciones públicas serían cerradas y la financiación de las campañas tendrían un un alto componente estatal. De entrada, según se evidencia en un informe que publicamos en esta edición dominical, hubo más peros que respaldos a esos planteamientos, aunque se trata de una primera aproximación al tema que seguirá siendo objeto de debates y foros en todo el país. Falta, por ejemplo, escuchar lo que tienen que decir la Registraduría, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y muchos otros sectores.

Como ya dijimos al comienzo, este proceso de discusión es loable, pero única y exclusivamente con miras a ir estructurando una propuesta que lo mejor sería dejársela ya al próximo gobierno y al próximo Congreso. La reforma política y electoral es una necesidad sentida de la democracia y la institucionalidad colombianas, nadie lo niega. Pero tramitarla en año electoral terminaría siendo muy contraproducente, pues primaría la improvisación, el impulso de lo coyuntural así como un alud de ajustes sin coherencia institucional alguna. De esta forma, terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad. En un asunto tan delicado lo mejor es aplicar la enseñanza de aquel viejo adagio popular, según el cual hay que ir “sin prisa pero sin pausa”.