A través de un comunicado difundido ayer, los ciudadanos y las organizaciones sociales y políticas que respaldan en las redes sociales el movimiento #SeMueveLaContraReforma por un referendo derogatorio de la reforma a la justicia, anunciaron que se mantendrán firmes “en la tarea de hacer respectar la Constitución de 1991”.

De hecho, citaron a una reunión para mañana, a las 10 de la mañana en el Monumento del Parque Nacional, “en donde nos trazaremos un plan de trabajo para hacerle frente al curso de este acto legislativo de cara a los nuevos escenarios”.

En la comunicación le recordaron al presidente Juan Manuel Santos que “tres de los cuatros micos a los que usted hizo referencia en su alocución ya habían sido aprobados en la Cámara y el Senado antes de la conciliación”.

“Es evidente que de no ser por esta movida de la opinión”, precisaron, “la reforma se habría promulgado tal”, por lo que no aceptaron “disculpas del Gobierno, ni excusas descaradas de Simón Gaviria ni de los congresistas que dieron su voto positivo a este adefesio”.

Por el contrario, dijeron “queremos que asuman su responsabilidad política y renuncien”, en particular los conciliadores y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

También invitaron a la Corte Constitucional “a fallar en derecho y a hacer respetar la Carta Política: no tiren por la borda el respeto ciudadano que con valentía y dignidad se ganaron durante los últimos años”.

“Ahora que el constituyente primario despierta y que una parte del país se encamina hacia la construcción de una ciudadanía crítica y consciente, no podemos bajar la guardia. El ejercicio activo de la ciudadanía no puede depender de los momentos de efervescencia ni perder fuerza ante la primera conquista, sino todo lo contrario. Es hora de pasar de la indignación a la acción basada en la esperanza de consolidar un verdadero Estado Social de Derecho y asumir la responsabilidad de una veeduría constante frente a lo que suceda con esta reforma y con todas las actuaciones de nuestros representantes”, consideraron.

De este grupo gestor hacen parte, entre muchas otras personas y organizaciones, el escritor Gustavo Bolívar, la Misión de Observación Electoral (MOE), Asonal Judicial, el Observatorio Nacional Permanente para la Administración de Justicia, la Fundación Plural, el ex zar anticorrupción Oscar Ortiz y los legisladores Ángela Robledo, Iván Cepeda y Germán Navas.

Se organiza el referendo

En la oficina del representante Cepeda, del Polo Democrático, se llevó a cabo el jueves una reunión entre voceros políticos, ciudadanos y de organizaciones no gubernamentales para preparar un referendo derogatorio de la reforma a la justicia.

Cepeda explicó que se nombraron comités que se encargaran de explicarles a los ciudadanos interesados cómo se llevaría a cabo la acción ciudadana.

La próxima semana se debe tener redactada la pregunta.

“Tiene tres firmas que deberá recoger el comité promotor que son alrededor de 150.000 y posteriormente se debe recoger 1.500.000 firmas y la tercera fase es convocar al referendo”, precisó Cepeda.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló “que lo aprobado es una contra-reforma política a los logros alcanzados en los últimos años en la lucha contra la corrupción, y la relación entre política y grupos armados ilegales. Se elimina la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura. Entre 1991 y mayo del 2012, de las 53 pérdidas de investidura decretadas, 21 han sido por esta causal”.

La directora de la Corporación de Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, se declaró comprometida con sacar adelante la iniciativa ciudadana y consideró que los “micos” que aparecen en la reforma no fueron a espalda del ministro Esguerra.

“Qué vergüenza, qué tristeza y qué desolación. Esta reforma no fue a la espalda del Ministro de Justicia. Se alertó al Gobierno sobre el trámite de todo el proyecto y no fuimos oídos. Fueron muchas las voces y la reforma siguió”, expresó Borrero, quien llamó a los ciudadanos “para apoyar el referendo derogatorio de esta reforma. Los medios deben jugar papel fundamental para reunir tres millones de firmas porque se necesita un millón y medio para revocar la reforma a la justicia”.