Los congresistas Ángela Robledo y John Sudarsky recusaron al Presidente del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco, al considerar que con sus declaraciones a los medios, sobre la apertura de investigación disciplinaria en su contra, vulneró la imparcialidad, prejuzgó y violó el debido proceso.
“Castelblanco no sólo nos notificó a través de los medios de comunicación, sino que especuló sobre doble militancia y sentenció que podríamos perder la curul en el Congreso o el derecho a la voz y el voto, lo que constituye parcialidad y prejuzgamiento”, dijo Ángela Robledo.
La congresista señaló adicionalmente que dos de los miembros del Consejo de Control Ético del Partido Verde, Oscar Castelblanco y Pedro Mestre, estarían impedidos para investigarla puesto que ellos asistieron al III Congreso Nacional del Partido Verde, es decir, conocieron previamente los hechos, lo que de acuerdo al Estatuto Procedimental Penal les inhabilita.
De acuerdo con el oficio de recusación, Castelblanco, debió declararse impedido para adelantar la investigación contra los congresistas Robledo y Sudarsky ya que estuvo como delegado en el Congreso Verde donde se dieron los hechos producto de la investigación. Estuvo dando declaraciones a los medios antes de notificación oficial a los congresistas. Además, los congresistas señalaron que en las declaraciones especuló sobre los motivos de la investigación señalando doble militancia y las posibles sanciones a las que se verían expuestos los investigados, sin seguir un debido proceso, es decir, prejuzgó.
Otro de los puntos que se expuso en el documento de recusación es que no hay claridad de cómo se tomó la decisión y quién presentó la proposición para tramitar la queja y cuál fue el proceso para la recolección de las firmas de los delegados al Congreso del Partido Verde, quienes pidieron expulsar y retirar las credenciales como congresistas a Robledo y Sudarsky por considerar que violaron los principios y valores del Partido al rechazar públicamente una alianza con Álvaro Uribe en la contienda electoral para la Alcaldía de Bogotá, algo que según Robledo no tiene fundamento ético, político o jurídico.