Los recursos que se espera entren a las arcas del Estado por los dos puntos del 4 por mil, serían insuficientes para atender todos los problemas del sector agropecuario y que están aflorando en cadena.
Precisamente para esta semana se espera que las comisiones económicas del Congreso, den el aval al proyecto que permite prorrogar por otro año este impuesto a las transacciones y por las que se espera entren a las arcas del Estado 3,1 billones de pesos.
Si la iniciativa avanza, el desmonte del tributo comenzará a partir de 2015 cuando bajará al dos por mil, y entre el 2016 y 2017 caerá al 1 x mil.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que a partir de enero de 2018, el impuesto va a desaparecer definitivamente del país.
El representante por Bogotá, Ángel Custodio Cabrera, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó que la idea es radicar hoy la ponencia para a más tardar mañana comenzar la discusión y la votación correspondiente.
El legislador dijo que la propuesta es de tan solo dos artículos que no tiene mayor complicación para su aprobación por parte de las comisiones económicas del Congreso.
Sin embargo, algunos analistas consideran que ante el aumento de las peticiones por parte del sector agrario, parte de ellas reflejadas en el pacto que suscribió el gobierno y el sector para solucionar el paro, los recursos serían insuficientes.
El analista Bernardo Ramírez cree que “si se destinara la totalidad de los recursos que se perciben con el 4xmil que llegan actualmente a los 6 billones de pesos, tampoco alcanzarían para cubrir las peticiones de los agricultores. Sin embargo, el Gobierno prácticamente se ve atado al presupuesto destinado ya que el cumplimiento de la regla fiscal se lo impide. Para ello deberán encontrar otras formas de financiación”.
Por su parte el investigador de Gesvalores, Gerardo Rojas, dijo que “el proyecto de extender el tributo no va a tener problemas para su aprobación, pero esos recursos sin duda serán insuficientes. Al pacto agrario establecido por el Gobierno y los agricultores, sí le podría cumplir con los dos puntos del impuesto que llegarían a 3,1 billones de pesos, pero como los reclamos han aumentado, se requieren otras partidas para dejar contentos a los campesinos”.
De acuerdo con Rojas, otro elemento que se le debe añadir a la necesidad de recursos, es que todavía no se ha definido cuál será la reforma que requiere el campo ni lo que debería costar al fisco.
“Una cosa es el cubrir financieramente el pacto agrario, pero ese es un hecho de corto plazo y coyuntural, para solucionar elementos transitorios, pero otra cosa es atender y solucionar definitivamente las necesidades del sector agrario, ya que como se está viendo desde el paro, cada sector reclama lo que cree es justo, pero no como elemento integral”, señaló Rojas.
La prórroga de la tarifa de 4 por mil en el impuesto a las transacciones financieras, que estaba previsto bajaría a 2 por mil en 2014 y un punto porcentual adicional cada dos años, hasta llegar al desmonte definitivo en 2018, lo extenderá otro año más.
Se estima que el paquete de ayudas para el agro represente un aumento en el gasto público de un billón de pesos para el año en curso y ascienda a por lo menos 3 billones de pesos en 2014, lo que consolidaría una presión adicional sobre el presupuesto y un mayor déficit cercano al 0,5% del PIB.
De acuerdo con la ley de la regla Fiscal, el déficit estructural del Gobierno Nacional, ajustado por elementos cíclicos, debe bajar de manera continua desde el 2,3% del PIB observado en el 2014 hasta 1,9% en 2018 y a un 1% o menos en 2022.