En el Congreso se multiplican las voces que consideran un mal precedente que se hable de reforma a la justicia en plena campaña electoral y más aún cuando ya, por tiempos, es prácticamente imposible presentar un proyecto de acto legislativo que, como se sabe, requiere de ocho debates en dos tramos de legislatura. Esto implica, entonces que de aquí al 20 de diciembre, cuando termina el primer tramo, tendrían que surtirse cuatro aprobaciones en las comisiones primeras de Senado y Cámara, así como en sus respectivas plenarias, algo que es imposible. 

No ha lugar

“… Hablar de reforma a la justicia en estos momentos es equiparable a las personas que en medio de un derrumbe y con las carreteras bloqueadas por todos los lados, comienzan a decir que van a montar un restaurante que tendrá como fin primordial atender a las víctimas de los derrumbes que se encuentran incomunicadas…”, precisó un senador vallecaucano en diálogo informal con varios periodistas. Indicó que para lo único que sirvió el poner sobre la mesa el tema de la reforma fue para que la renuncia del magistrado Villarraga se presentara rápidamente, pues los altos tribunales sabían que no podían quedarse quietos ante el escándalo del ahora exintegrante del Consejo Superior de la Judicatura, en momentos en que toda la opinión pública los miraba de forma acusadora.

Procurador ad hoc

Tras la decisión de la Procuraduría de pedirle al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, que no tuviera en cuenta el concepto del Consejo Nacional Electoral en torno de que en los logos de los partidos y movimientos políticos no pueden ir fotos de los candidatos, ni su nombre figurar en la denominación oficial de la colectividad (lo que afectó directamente al partido del expresidente Uribe), un grupo de abogados se dio a la tarea de buscar un sustento jurídico que permita pedir, según ellos, que para el día de las elecciones parlamentarias y presidenciales se designe un Procurador General ad hoc, bajo la tesis de que Alejandro Ordóñez podría estar parcializado hacia el uribismo. Sin comentarios.

En la mira

Y hablando del jefe del Ministerio Público, se sabe que desde el Polo le preparan un debate en donde buscarían poner en evidencia una presunta demora de la Procuraduría en los procesos por las anomalías que se presentaron en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), sobre todo en lo relativo a los congresistas. En el Polo sostienen que con la misma celeridad que se sancionó a Piedad Córdoba, Ordóñez debió actuar en el caso de la DNE.

¿Allá o acá?

Todavía no está claro si el entrante embajador ante la Casa Blanca, Luis Carlos Villegas, a quien ya le eligieron sucesor en la ANDI, seguirá como integrante del equipo negociador del Gobierno en el proceso con las Farc. Inicialmente se había dicho que sí continuaría, bajo la expectativa de que se alcanzaría un acuerdo con la guerrilla en este mes. Sin embargo, como esa posibilidad ya no es tan viable, y un pacto no habría antes de diciembre o enero, entonces la ida de Villegas de La Habana a Washington varias veces al mes podría afectar su función diplomática. El presidente Santos tiene que decidir al respecto.