Se trasladará al Congreso la polémica entre el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre en torno de cuáles beneficios se les podrían aplicar eventualmente a los cabecillas guerrilleros que firmen un proceso de paz, se desmovilicen y entreguen las armas. Ambos altos funcionarios serán citados al Senado para que expongan sus respectivos criterios y, sobre todo, pongan de presente si es posible empezar a redactar borradores de posibles proyectos de ley, teniendo como base el Marco Legal para la Paz.

Ojo a Ordóñez

Varios senadores han advertido que Ordóñez podría tener razón en cuanto a que la justicia transicional tiene unos límites infranqueables cuya frontera comienza, precisamente, en los tratados internacionales sobre protección de derechos humanos y obligación irrenunciable del Estado a aplicar castigos proporcionales a los culpables de incurrir en delitos de lesa humanidad. Incluso varios parlamentarios han indicado que por más controversial que pueda resultar la postura del Procurador, sus tesis encajan con las advertencias que hiciera recientemente la delegación de la Corte Penal Internacional que visitó al país, así como con los argumentos expuestos por varias instancias de la ONU. No hay que olvidar que el jefe del Ministerio Público indicó que si se insistía en hacer un proceso de paz que permita la impunidad, acudiría a instancias internacionales.

¿Y la Corte?

Sin embargo, hay otros senadores y representantes que consideran que son muy tempraneras tanto las polémicas entreOrdóñez y Montealegre como otras discusiones que se han registrado alrededor de si los cabecillas de la guerrilla de las Farc podrían ser elegidos al Congreso u otros cargos. ¿La razón? Sencillo, que todas estas controversias podrían quedar sin piso en caso de que la Corte Constitucional ‘adelgace’ en forma sustancial los márgenes de justicia transicional que están contemplados en varios de los artículos del acto legislativo del Marco Jurídico para la Paz, que hoy está en examen de exequibilidad en ese alto tribunal.

Recorderis

“… Parece que el país no tiene memoria… Recuerde cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz en 2005, hubo muchas discusiones sobre sus alcances y las mismas peleas acerca de hasta dónde podría llegar el Estado en la negociación con los grupos paramilitares… También se rasgaban las vestiduras sobre lo que diría la CPI y el Estatuto de Roma así como el riesgo de violar los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad… Todo eso pasó y, al final, la Corte peluqueó la ley de Justicia y Paz y restringió en parte el margen a la flexibilidad penal a los culpables de delitos atroces”, precisó un senador de La U, que pidió la reserva de su nombre.

Primer campanazo

El mismo parlamentario recordó que a comienzos de abril pasado el Procurador rindió concepto ante la Corte sobre el Marco Jurídico para la Paz y solicitó que se declaren inexequibles varias  expresiones clave dentro de la norma, bajo la tesis de que se pretende autorizar a que se renuncie a investigar y adelantar la persecución judicial penal de “todos” los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra. También advirtió que si se mantiene el texto de la reforma podría dar lugar a la activación de la jurisdicción de la CPI.