No es viable

Tras las controversias que se generaron durante el empalme entre el gobierno saliente y el entrante, en las toldas del Pacto Histórico se alcanzó a pensar en la posibilidad de volver a presentar un proyecto de ley que regule la transición entre la administración presidencial que termina el periodo y la que lo comienza. Una de las propuestas a considerar sería la de restringir al máximo la capacidad del gobierno saliente de firmar contratos y otros procesos licitatorios o de adjudicación directa. Sin embargo, esta alternativa se estrella con el hecho de que por cuenta de la vigencia de la Ley de Garantías Electorales en los comicios parlamentarios y presidenciales la administración que entrega el poder queda maniatada por casi seis meses (diciembre-junio) y solo después del tercer domingo de junio (votación de segunda vuelta) y hasta el 7 de agosto puede finiquitar procesos contractuales pendientes.

¿Repetir reforma?

Entre los proyectos que se podrían volver a radicar en el Parlamento, pese a que fracasaron en anteriores legislaturas, está el de la reforma al Código Electoral, que fue aprobada a finales de 2020 y que terminó siendo declarada inexequible por la Corte Constitucional al comienzo de este año debido a vicios de forma. Sin embargo, la opinión de las bancadas tiene matices al respecto. Para algunos partidos sería conveniente copiar el texto que se cayó en el alto tribunal y volver a aprobarlo, obviamente teniendo cuidado de no incurrir en yerros de trámite. Como se sabe, esta reforma fue estrictamente reglamentaria sobre la mecánica electoral y no tocó los temas de fondo de reforma política. Repetir el articulado garantizaría que pase rápidamente por el Senado y la Cámara, para luego ir a la Corte y, tras el visto bueno del alto tribunal, poder entrar en vigencia antes de la mitad del año entrante. Esto garantizaría que la reforma pueda aplicarse para los comicios regionales y locales de octubre de 2023.

Riesgo advertido

El anuncio del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en torno a que en el proyecto de reforma tributaria se buscará apretar a las empresas que funcionan en las zonas francas, puso en alerta a muchos gerentes y propietarios de estas compañías que se benefician de rebajas en el impuesto a la renta a cambio de la exportación de productos, bienes y servicios. De acuerdo con el entrante zar de las finanzas es necesario establecer si se está cumpliendo con ese requisito de exportación, ya que si venden a nivel local pues se genera una inequidad con las empresas que están por fuera de las zonas francas y pagan el impuesto de renta en su tarifa plena del 35%. “… Estamos descubriendo aquí el agua tibia… Este gobierno se fue al extremo en el tema del apoyo a las zonas francas, no solo al aumentar su número sino al establecer una flexibilidad que produjo esa distorsión sobre el incentivo especial a las exportaciones… Lo que dijo Ocampo se ha denunciado muchas veces en los últimos años y no ha pasado nada”, precisó un dirigente empresarial que pidió la reserva de su nombre.

Fútbol femenino

Varias parlamentarias, tanto entrantes como reelegidas, ya empezaron a analizar una propuesta para elevarla al gobierno Petro la próxima semana. La idea es plantearle al titular o la titular de la cartera de Deportes que se implemente algún tipo de mecanismo de financiamiento público para que en este segundo semestre se lleve a cabo el torneo profesional de fútbol femenino. “… No podemos seguir esperando que a los mandamases del fútbol les parezca conveniente organizar el campeonato… Ya en el primer semestre el Ministerio les financió parte de los costos y por eso hubo torneo… Pero ahora no quieren… El nuevo Gobierno debe ser audaz e inventarse un mecanismo propio, que el Estado organice el torneo y que no sea negocio para los clubes… Hay presupuesto y voluntad oficial, es cuestión de encontrar la manera”, dijo una de las parlamentarias en charla off the record.