Polémica por jurados de votación

No les sonó mucho a congresistas de izquierda la propuesta del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, en torno a que con el objetivo de mayor equidad y transparencia en la elección presidencial para todos los partidos y candidatos, los reservistas activos de las Fuerzas Militares también sean jurados de votación. “Ya el Registrador nacional anunció que va a volver a poner los jurados de Fecode que tienen la preparación y van a estar ahí. Le propongo que en cada mesa de votación en donde haya un miembro de Fecode esté también un miembro de la reserva activa de la Policía y el Ejército Nacional para que exista equilibrio y transparencia de este evento”, explicó el senador conservador. “… No entiendo a los partidos de la coalición gobiernista, duraron toda la semana acusándonos de estar politizando lo relativo a las Fuerzas Militares, sobre todo por el debate de moción de censura, y ahora vienen a proponer que los reservistas sean jurados de votación para dizque equilibrar con los profesores afiliados a Fecode”, indicó a EL NUEVO SIGLO un parlamentario de la oposición.

Por ahora no…

Y hablando de las dudas que persisten sobre la capacidad de la Registraduría para garantizar elecciones presidenciales transparentes, trascendió en los pasillos del Palacio de Justicia que los magistrados ni presidentes de las altas cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado) consideran viable la aplicación, ipso facto, de la figura de un Registrador ad hoc que reemplace a Alexander Vega. Como se sabe, a este funcionario lo eligen los presidentes de esos tres altos tribunales y, por ser los nominadores, son los únicos que pueden designar un Registrador ad hoc. Sin embargo, ello solo sería viable si Vega se encuentra, por motivos de fuerza mayor, incapacitado para ejercer el cargo o, en su defecto, es sancionado o blanco de una medida de aseguramiento por parte de la Procuraduría o la Fiscalía, respectivamente.

Moción naufragará

En los pasillos del Congreso se da por descontado que la votación la semana entrante de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, será favorable al titular de la cartera por un amplio margen. Sin embargo, no por ello la oposición cesará en su intento de evitar que el alto funcionario siga en su cargo. Según se conoció, un grupo de representantes está analizando la posibilidad de denunciar penalmente a Molano, tras considerar que algunas de sus afirmaciones en el debate del martes pasado en la plenaria no corresponden a la verdad. Por lo pronto, es claro que tanto la Fiscalía como la Procuraduría adelantan sus respectivas investigaciones y es posible que antes de terminar mayo los titulares de ambos entes den, obviamente por separado, un primer reporte oficial sobre lo que han encontrado.

Demandas externas

De otro lado, trascendió que los abogados de las víctimas ya están pensando llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) o incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin, en el primer caso, de forzar una condena a la Nación por las presuntas anomalías en el operativo en Putumayo o, en el segundo, obtener la expedición de medidas cautelares para proteger a los familiares de las personas fallecidas en la acción del Ejército que no serían integrantes de las disidencias de las Farc. Aunque se alcanzó a mencionar en el debate de moción que el caso podría ser llevado a la Corte Penal Internacional, esa opción no es viable por el momento, ya que se trata de una jurisdicción complementaria a la colombiana, cuyos entes judiciales ya están investigando lo ocurrido.