¿Nuevos contratos?

Muchas reacciones a la decisión del gobierno Petro de seguir con los contratos para la exploración y explotación minero-energética. “Seis meses de bulla, polémicas innecesarias y aspavientos, para volver al sitio que nunca se debió decir que se iba abandonar: ¡sí habrá nuevos contratos de exploración de hidrocarburos!”, dijo el exministro Juan Camilo Restrepo. Otros analistas indicaron que el Gobierno no ha dicho inequívocamente que sí firmará nuevos contratos, sino que continúa con un lenguaje difuso al respecto. De hecho, este será uno de los temas centrales del nuevo debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la próxima semana en el Congreso. En ese orden de ideas, se mantiene la incertidumbre en el frente de los hidrocarburos.

Excarcelación masiva

Lanza en ristre contra el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentó el Gobierno esta semana, se vino la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. “El Gobierno dice que ajustó la Ley de Sometimiento a las observaciones de la Fiscalía, pero los cambios de fondo no se hicieron. Siguen buscando la excarcelación masiva de criminales y les permiten mantener millonarias ganancias”, advirtió la congresista. Agregó que “quienes hayan incurrido en el delito de concierto para delinquir agravado podrán ser liberados, a pesar de que la Fiscalía se opuso. Esto implica beneficiar a condenados por extorsión, terrorismo, tortura, desplazamiento, tráfico de menores y etcétera, que hayan actuado en grupo”.

Coima legal

Para la parlamentaria uribista resulta claro que “el Gobierno quiere legalizar una especie de coima. Usted puede robar, matar, traficar, extorsionar y secuestrar, y solo pagará de 6 a 8 años de cárcel y podrá quedarse hasta con $11.000 millones. Un premio para los bandidos y una bofetada para los trabajadores honrados”. Valencia advirtió que “el Gobierno quiere replicar el Acuerdo de La Habana con las bandas criminales. Penas reducidas para máximos responsables y libertad para la base. Una forma amañada de darles estatus político”. Recalcó la parlamentaria de oposición que el Presidente no es el jefe del Fiscal: “el Gobierno pretende convertir a la Fiscalía en subordinada del Alto Comisionado para la Paz, obligándola a darle la información de todos los procesos penales en curso en contra de las estructuras criminales”.

¿Lavarse las manos?

Se preguntó la senadora uribista si ¿ahora la Fiscalía deberá garantizar la seguridad de los miembros de las estructuras armadas?  ¿Dónde queda la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección? ¿El Gobierno se quiere lavar las manos en este tema? Tras esos interrogantes puntualizó que “quieren convertir al Fiscal en un notario del Gobierno. Impiden que la Fiscalía investigue delitos que no estén acordados entre el Gobierno y los criminales”. Otros parlamentarios del Centro Democrático indicaron que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre algunos beneficios penales parecidos a los propuestos en este proyecto y fueron ‘tumbados’ por el máximo tribunal.

Cambio con choque

Se le preguntó a un parlamentario del Pacto Histórico cómo veía el panorama para las reformas clave del Gobierno en el Congreso. “… No va a ser nada fácil, pero el cambio nunca lo es… El verdadero cambio genera polémica, choques con el estatus quo, con el establecimiento político, social, con la economía imperante y un Estado paquidérmico que no quiere cambiar para mantener los privilegios de unos pocos… Me preocuparía que hubiera aplausos a las reformas y grandes consensos entre todos los sectores, porque se evidenciaría que el cambio es cosmético, superficial, muy distinto a lo que prometimos en campaña”, precisó el congresista en charla off the record con EL NUEVO SIGLO.