Un experimentado senador de la costa Caribe ha estado muy juicioso releyendo el texto del “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, a raíz de la intervención ordenada esta semana por la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Electricaribe, cuya casa matriz es Gas Natural Fenosa, una de las principales multinacionales ibéricas. Según el congresista, que pidió la reserva de su nombre, uno de los puntos que más preocupa es el aparte del acuerdo según el cual “tratándose de actos administrativos, para someter una reclamación al foro interno o al arbitraje previsto en esta Sección será indispensable agotar previamente la vía gubernativa cuando la legislación de la Parte así lo exija”. El senador dijo que “lo que está claro es que por virtud del acuerdo no puede haber tutelaje o supervisión de un gobierno extranjero sobre el procedimiento interno de la intervención de la Superintendencia”. Precisó que “las sentencias de la Corte Constitucional han sido claras en que esta clase de acuerdos no pueden vulnerar el derecho interno ni la soberanía judicial”.

El “discreto” rol de la DNI

A propósito de la controversia entre el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y el almirante (r) Darío Echandía, que está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en torno a si la campaña presidencial del primero en 2014 fue infiltrada para hacer parecer que estaba espiando el proceso de paz con las Farc, un senador de la Comisión II indicó que “… más allá de toda esta polémica, debe resaltarse que Echandía no aparezca por ninguna parte, que no sea personaje, que no esté en los medios todos los días… Ese era el perfil que se pidió cuando se acabó el DAS y se creó el DNI, un jefe de inteligencia y contrainteligencia que no fuera pantallero”. Vea pues.

Los guerrilleros presos que no quieren gabelas

En distintas cárceles del país ya hay mucha expectativa sobre lo que podría ser un plan de salida masivo de subversivos en pocos meses, por cuenta del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, una vez se defina lo relativo a cómo será la refrendación y la implementación del mismo. Los cálculos preliminares sostienen que entre guerrilleros condenados o sindicados habría por lo menos 1.700 pertenecientes a las Farc. Es claro que su excarcelación contribuiría, desde el punto de vista típicamente penitenciario, a disminuir el índice de hacinamiento en los penales. Sin embargo, ha trascendido que no necesariamente todos los subversivos presos están dispuestos a ser incluidos en leyes de amnistía o procesos de excarcelación, y simplemente estarían esperando que se cumpla su condena o los requisitos para acceder a la libertad condicional y pasar al anonimato de forma ajena el proceso de paz.

Piden más mujeres en Corte Constitucional

Este año el único proceso eleccionario que queda pendiente en el Congreso es el relativo a la escogencia de los cinco nuevos magistrados de la Corte Constitucional. Ya en la Bancada de Mujeres se han escuchado voces de parlamentarias que consideran que debería pedirse a la plenaria del Senado se incline por las juristas. “… Mire, todos los organismos de control y vigilancia están en cabeza de mujeres, incluidos los elegidos este año como el Fiscal, el Procurador, el Registrador y el Defensor del Pueblo… La Contraloría, la Auditoría y Contaduría también lo están, así como muchos altos cargos del Ejecutivo y el Legislativo, a excepción de las presidencias de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, que tienen magistradas al frente… Ni siquiera en los equipos de negociación con las guerrillas, hay una mediana equidad de género”, dijo una senadora.