Incluso, sobre este tema, ya el uribismo ha advertido que el Gobierno podría estar pactando en La Habana medidas bastante arriesgadas como una especie de co- administración del grupo político en que se convierta la guerrilla sobre una porción importante de los presupuestos nacionales, departamentales y municipales que se enmarquen dentro de la inversión para el posconflicto y la implementación del acuerdo final de paz. “… Creemos que el Gobierno está dispuesto a aceptar que las Farc, convertidas en partido político más, tengan voz y voto sobre el destino que entre el 20 y 30 por ciento del presupuesto nacional, que es lo que se viene calculando respecto a la destinación de recursos para el posconflicto y la implementación y el acuerdo final… Si ello es así, entonces estaríamos a escasos meses de que para conseguir cualquier partida de financiación a un proyecto u obra departamental o municipal, sea necesario tener el guiño de las Farc”, dijo un parlamentario del Centro Democrático en charla informal con un periodista de este Diario.

Alerta gremial regional por la economía

El estado de la economía sigue prendiendo alarma en muchos sectores. Incluso, según trascendió, un presidente de uno de los principales medios productivos del país se llevó tremendo regaño la semana pasada cuando se reunieron con las directivas de uno de los capítulos regionales de esa organización y le reclamaron por qué no había advertido al Gobierno Nacional, en la reunión que tuvo toda la cúpula económica con el Presidente Santos para respaldar el proceso de paz, sobre la grave situación que se estaba viviendo en muchos departamentos en materia de baja en las ventas, problemas para el pago de nóminas, cartera morosa creciente e inventarios abultados en muchas empresas.

La inusual rueda de prensa palaciega

Más de una interpretación generó el inusual pronunciamiento del presidente Santos, el lunes pasado, al término del consejo de ministros tradicional de todos los comienzos de semana. Ver al Jefe de Estado rodeado de toda la plana mayor de su Gobierno, celebrando la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito dos semanas después de anunciarse el fallo, causó cierta extrañeza. Por ello, el acto fue interpretado por algunos sectores y analistas como un acto de campaña por el “Sí”, pues se  llamó a los funcionarios públicos a apoyar el proceso de paz. Un pronunciamiento que se hizo casi paralelo al de la Procuraduría, que advirtió que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña por el plebiscito, sino hasta que este sea convocado e manera oficial.