Trascendió ayer en la mañana que varios dirigentes y juristas que hacen parte de la oposición o exhiben posturas críticas frente al proceso de paz tienen listo el borrador de una acción de tutela que sería interpuesta una vez se conozca el fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito de paz.

Según conoció EL  NUEVO SIGLO, la acción de tutela -aunque también se evalúa si elevar mejor un recurso ante la Procuraduría- buscaría que se emita una orden judicial o una medida precautelativa que prohíba al Gobierno seguir con su campaña “#Síalapaz”, porque está utilizando recursos y medios oficiales, lo que viola la propia ley estatutaria que convoca el plebiscito.

La norma establece que la campaña de pedagogía ciudadana sobre un acuerdo final de paz debe tener sentido estrictamente informativo y no puede contener ningún elemento que llame a apoyar  el “Sí”, el “No” o la abstención activa.

Aunque la idea de interponer este recurso jurídico se viene madurando desde hace varias semanas -según explicó uno de sus impulsores- no ha sido oficializada ya que, por tratarse de una ley estatutaria, no entra en vigencia sino después del fallo de la Corte Constitucional.

Bases del discurso del 20 de julio

En círculos políticos cercanos a la Casa de Nariño se asegura que los negociadores de paz gubernamentales, que partieron ayer por la tarde hacia La Habana, tienen una misión especial: lograr rápidamente otro acuerdo sobre alguno de los puntos gruesos que están pendientes en la agenda. Esto con el fin de que el presidente Santos lo pueda enarbolar en el Congreso, el próximo miércoles, durante la instalación de la nueva legislatura que estará centrada en el proceso de paz, la refrendación del acuerdo y la implementación de lo pactado.

Fallo de la Corte el lunes

Por igual se afirmaba ayer en altos círculos jurídicos que existe ya en la Corte Constitucional un compromiso de los magistrados para que el próximo lunes, sea como sea, se emita el fallo sobre el plebiscito por la paz. Si eso es así, es claro que lo que salga de La Habana de aquí al martes así como el fallo de la Corte serán la columna vertebral del discurso de instalación del Congreso por parte del presidente Santos.

Revisión total a chatarrización de camiones

Una de las alternativas que está analizando el Gobierno para hacer frente al paro camionero es la posibilidad de que se cree en la Fiscalía una unidad especial que revise, caso por caso, todos los procesos de chatarrización de camiones de los últimos años, con el fin de detectar los trámites anómalos que perpetraron algunas redes de corrupción en el transporte de carga, en complicidad con funcionarios de las oficinas de tránsito en distintas partes del país y hasta del propio Ministerio de Transporte. Un alto cargo de esta última entidad le dijo a un periodista del EL NUEVO SIGLO que el descalabro presupuestal con la chatarrización de camiones bien podría considerarse como un “foncolpuertos pequeño”.