Reincidencia criminal

Uno de los mayores problemas que tiene el país es, precisamente, el de la reincidencia criminal. Es decir, los delincuentes que pese a estar ya condenados o en etapa de juicio, pero con beneficios como los de libertad condicional o el de casa por cárcel, son sorprendidos por las autoridades violando de nuevo la ley. La necesidad de tomar medidas contra este flagelo ha sido una de las más reiteradas peticiones de los alcaldes y gobernadores salientes, especialmente desde Asocapitales. Es más, el propio presidente Iván Duque anunció días atrás que en vista de la desesperación ciudadana por delitos recurrentes como el cosquilleo, el raponeo, el fleteo y otros, el Gobierno buscará una legislación para castigar la reincidencia criminal. Incluso el Presidente dijo que la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en coordinación con las altas cortes, debía empezar a avanzar la respectiva reforma para llevarla prontamente al Congreso.

Brazaletes, el lío

Sin embargo, para algunos expertos en seguridad urbana y reconocidos penalistas, más que el agravamiento de las penas por reincidencia, o incluso la restricción para que puedan acceder a los beneficios de libertad condicional o casa por cárcel, el verdadero problema a solucionar es la debilidad del sistema de vigilancia y verificación por parte del Inpec a los condenados o sindicados que tienen estas prerrogativas. Y en ese marco, uno de los temas clave es el relativo a los brazaletes electrónicos que se le instalan a los reclusos para que las autoridades puedan establecer si han violado las restricciones de movilidad, ya sea domiciliaria o en determinado sector. No son pocos los casos en donde se ha capturado a personas que lograron burlar el mecanismo del brazalete electrónico. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y el Inpec anunciaron que esa falencia ya está en vías de ser superada por cuenta de una modernización en estos aparatos.

$53.000 millones

Lo anterior porque hace tres semanas la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adjudicó a la Unión Temporal Velec, mediante una audiencia pública, el contrato para adoptar los brazaletes con los cuales se vigilará a las personas privadas de la libertad pero que tengan el beneficio de la detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de libertad a nivel nacional. El contrato se adjudicó por un valor superior a los $53.000 millones y entró a regir, precisamente, el pasado domingo 1 de diciembre, aunque contempla tres meses de transición con el sistema anterior. Fue la primera vez que este proceso se realizó a través de licitación pública, ya que anteriormente se hacía a través de Bolsa Mercantil o mediante contratos de urgencia manifiesta.

Satélites y tiempo real

Según las autoridades penitenciarias, este nuevo servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para personas con medida de aseguramiento no privativa de libertad será una herramienta automatizada que incrementará la eficiencia del sistema y permitirá contar con información de primera mano y en tiempo real. De acuerdo a Ricardo Varela, director del Uspec, serán 5.500 nuevos dispositivos que funcionarán con nueva tecnología. “En adelante, los satélites mejorarán la precisión y respuesta de los dispositivos. El software es mucho más robusto y la Uspec solo pagará los que efectivamente estén monitoreando a los privados de la libertad”, explicó. Incluso para asegurar que no haya anomalías, la semana pasada el mismo Uspec adjudicó al consorcio Intervigilancia, mediante audiencia pública, el contrato de interventoría para la prestación del servicio de vigilancia electrónica de las personas privadas de libertad que tienen el beneficio de prisión domiciliaria entre otras medidas. El contrato se adjudicó por un valor de $5.258 millones.