Ejército y paros (I)

Tras las jornadas de paro de esta semana, que dieron lugar a desórdenes y vandalismo en varias ciudades, se conoció la propuesta del expresidente Álvaro Uribe en torno a sacar al Ejército a las calles con el fin de asegurar la recuperación del orden público. Un exmagistrado de una alta corte recordó que “… hay jurisprudencia muy precisa” sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que un Gobierno puede ordenar que las Fuerzas Militares salgan a patrullar en zonas civiles en medio de movilizaciones como paros y protestas populares. Indicó que en septiembre del año pasado, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el pronunciamiento más reciente al respecto, “… no prohibió de la fuerza militar en el control de protestas, sino que ordenó al Gobierno y demás autoridades extremar los controles y protocolos para evitar una intervención ‘sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada’ de la misma en el control a las movilizaciones sociales, de forma tal que se garantizara el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva”.

Ejército y paros (II)

“… Este último término “no destructiva” es claramente muy ambiguo, porque no estableció taxativamente el cuándo, cómo y dónde una protesta pasa de la expresión pacífica a la ‘destructiva’, sobre todo en cuanto a la discrecionalidad de un mando militar o policial para intervenir de forma temprana y preventiva ante el riesgo de que una protesta social desemboque en alteración del orden público y grave afectación a los derechos de terceros que no hagan parte de la movilización”. 

Campanazo de OEA (I)

En medio de la tensión que existe por los enfrentamientos en territorio venezolano por los enfrentamientos entre disidencias y reincidencias de las Farc, que a su vez han entrado en combate con efectivos de las Fuerzas Armadas de régimen dictatorial, una alta fuente de la oposición en el vecino país le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… la OEA desde el pasado 21 de abril ya había advertido sobre la grave situación que se está presentado en el Estado de Apure, fronterizo con Arauca, que causó el desplazamiento forzado de miles de venezolanos al casco urbano de Arauquita”. Según la misma fuente, la OEA no solo rechazó la versión dada por el gobierno Maduro ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino que puso de presente que “… no se está hablando aquí de simples hostigamientos armados, sino de choques militares de mayor espectro, con bombardeos aéreos y de artillería, algo que hace tiempo no se veía en este país”.

Campanazo de OEA (II)

La referida nota de la OEA efectivamente fue dada a conocer el 21 de abril, y en ella el ente continental calificó lo afirmado por la dictadura de “… pretender culpar sin pruebas ni justificación al Gobierno de Colombia por los hechos ocurridos en territorio venezolano y ensuciar los progresos que el país ha hecho hacia la paz”. Según la OEA, “… los hechos denunciados, que incluyen bombardeos aéreos y de artillería, y ataques contra la población civil con armas explosivas y saqueos, son consecuencia directa de las operaciones indiscriminadas del aparato militar del régimen, acciones que, a su vez, se explican por la complicidad de dicho régimen con actores criminales y terroristas que se encuentran presentes en territorio venezolano gozando de total impunidad”.