Asoman movimientos

Varios ministros tienen proyectadas sus respectivas vacaciones para finales de este año pero la posibilidad de que puedan disfrutar de un merecido descanso dependerá en gran parte de cómo evolucione la pandemia en el último trimestre. Se sabe, igualmente, que algunos altos funcionarios que hoy están al frente de direcciones, institutos, agencias y departamentos administrativos están pensando en dar un paso al costado en los próximos cinco meses, ya sea para no inhabilitarse de cara a los comicios parlamentarios de marzo de 2022, o porque requieren volver al sector privado, ya que sus expectativas eran estar en el Gobierno solo hasta la mitad del periodo, que se cumplió en agosto pasado. En cuanto a embajadas, fuentes de la Cancillería indican que, por el momento, no se han confirmado las dimisiones que en los corrillos políticos se dice que podrían darse antes de terminar el 2020.

Una ojeada

Y hablando de la Cancillería, algunos dirigentes políticos y gremiales continúan insistiendo en que se le ‘eche una miradita’ a las implicaciones de la “Ley Antibloqueo para el Desarrollo Constitucional y las Garantías para los Derechos Humanos”, que fue aprobada esta semana por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, una instancia que, según la oposición de ese país, es una “títere” del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo al jefe del régimen chavista, la cuestionada norma permitirá la “protección de los venezolanos de las medidas coercitivas unilaterales y reimpulsar el aparato productivo del país”. Si bien se trata de una legislación que tiene una aplicación más de orden interno, para algunos dirigentes gremiales colombianos es posible que, por tratar temas relativos a salarios y poder adquisitivo, entre otras medidas económicas, pueda llegar a tener un impacto en las zonas limítrofes e incluso impulsar una nueva oleada de migrantes forzados de Venezuela a nuestra nación.

¿Hay o no hay?

La semana pasada la Contraloría General emitió el estudio sectorial denominado “Incidencia de los subsidios en las limitaciones de ingreso a los usuarios menos favorecidos del servicio público de gas combustible en Colombia”. Un analista muy conocedor de los temas energéticos llamó la atención en torno a algunas de las conclusiones y comentarios del informe: “Las reservas de Gas Natural vienen decayendo desde el 2012, cuando se registraban 5.727 Giga Pies Cúbicos GPC, y hoy en día se habla de 3.163 GPC, lo cual es una alerta para la garantía de abastecimiento con producto nacional”. Recordó el analista que solo hace algunas semanas se había indicado que el país no tenía ninguna alerta en cuanto a reservas y abastecimiento de gas. Hizo referencia a unas declaraciones recientes de Eric Flesch, presidente de Promigas, quien sostuvo hace tres semanas que Colombia cuenta con 54 tera pies cúbicos de reservas potenciales de gas natural, lo cual permitiría 130 años de autosuficiencia.

La otra cara

Los sindicatos están preparando un informe en el que quieren hacer una radiografía clara de las cifras de empleo, desempleo y subempleo. Según conoció EL NUEVO SIGLO en una alta fuente de las centrales obreras, los dirigentes sindicales consideran que el Gobierno estaría dando una interpretación acomodada a las cifras del mercado laboral que está dejando la crisis de la pandemia. “… Lo que vemos es que se están mezclando peras con manzanas, al presentar como nuevas plazas a una parte de los trabajos que se habían parado por cuenta de las cuarentenas y la reducción de la actividad productiva… Además, hay mucha migración laboral por efecto de la pandemia, esto es que personas que perdieron sus empleos o han visto reducidos sus ingresos se han ido a otros sectores a conseguir empleos de medio tiempo e ingresos extras… No es, entonces, una nueva plaza producto de la reactivación, por el contrario es una evidencia clara de la pauperización laboral en el país”.