Coletazos del coronavirus
La emergencia por el coronavirus ha obligado a varios funcionarios a cancelar sus agendas públicas. Esta semana fueron cancelados dos eventos en los que se iba a conmemorar los 35 años de la Constituyente y donde el procurador Fernando Carrillo estaba como uno de los principales invitados. También, fue aplazada una audiencia de Garantía de Derechos y Lucha contra la Corrupción en el departamento del Huila, también asistiría el Jefe del Ministerio Público. De igual manera, ayer se anunció que el defensor del Pueblo, Carlos Negret, que regresaba de Ginebra pero su vuelo hizo una escala en Madrid (España), sería cobijado por el aislamiento que el gobierno Duque impuso a primera hora a los pasajeros que vinieran desde tierras ibéricas, China, Italia y Francia. El Defensor indicó que acataría las órdenes sanitarias y estaría en su residencia por el lapso que se ordenara para descartar cualquier riesgo de contagio.
Lupa a Justicia y Paz
Mientras que todo el país tiene el foco puesto en las polémicas que a diario surgen alrededor de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que es el mecanismo de justicia transicional creado para el juzgamiento de los guerrilleros desmovilizados de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y los terceros que se sometan voluntariamente a ella, tiende a olvidarse que hay otro mecanismo judicial excepcional todavía en vigencia: la Ley de Justicia y Paz que todavía tiene procesos pendientes respecto a la desmovilización de los grupos paramilitares en el gobierno Uribe. Precisamente esta semana, en Bogotá, se llevó a cabo un conversatorio denominado “Experiencias y Retos en el Proceso de Justicia y Paz”, que organizó la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, que además contó con la participación de los magistrados de las salas de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Fortalecer la JEP
El objetivo del evento fue obtener de primera mano información cualitativa respecto a los aciertos y dificultades que registra el proceso contemplado en la Ley 975 de 2005, que estableció este sistema de justicia transicional en donde la máxima pena fue de ocho años de prisión. Según la cartera de Justicia, ese Ministerio, como articulador para el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia transicional, viene trabajando en la recopilación de experiencias y observaciones de los operadores de esta justicia, ya que el aporte de los mencionados magistrados es de gran relevancia para fortalecer la gestión de la JEP. “Los invito a trabajar de manera articulada en pro de las víctimas en el Proceso de Justicia y Paz. Nos comprometemos a que sus inquietudes y las del Ministerio en este proceso de justicia transicional sean atendidas oportunamente”, indicó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, a los magistrados.
Uribismo versus santismo
Según indicó el Ministerio, los ejes temáticos del conversatorio fueron tres: aciertos y desaciertos del procedimiento del Proceso de Justicia y Paz; las víctimas y los postulados de cara a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición; las observaciones y recomendaciones para fortalecer la JEP. Sin duda resultará muy interesante la compilación que se termine haciendo de los análisis respectivos, sobre todo en un país en donde el uribismo constantemente trae a colación que Justicia y Paz, con todas sus falencias y errores en cuanto al cumplimiento de las promesas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para con las víctimas de los paramilitares, continúa siendo un mejor sistema de juzgamiento que el de la JEP, creada en el gobierno Santos, que permite penas de cero día de cárcel y activación en política de los cabecillas desmovilizados