Ahí está y…

Tras la aguda polémica del martes pasado entre el asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño, Hassan Nassar, y la periodista Vicky Dávila, se alcanzó a rumorar en los corrillos políticos que el vocero presidencial, que lleva apenas unas semanas en el cargo, podría tener los días contados. Sin embargo en los corrillos de la Casa de Nariño se descartó esa posibilidad, en tanto que desde el Centro Democrático surgieron varias voces en torno a que, por el contrario, Nassar se había “atornillado” más a su cargo, porque el Gobierno necesitaba funcionarios que lo defendieran de forma más vehemente. Por lo pronto, se sabe que un parlamentario de la oposición presentará un derecho de petición a la Casa de Nariño pidiendo información de los vuelos realizados en aeronaves oficiales por la familia presidencial, sus destinos, costos y quiénes los acompañaron en los respectivos periplos.

Esperar proyecto

Un congresista del Partido Conservador le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… por ahora la colectividad no había fijado las líneas rojas que traspasará de cara a las reformas pensional y laboral…”. Consultado frente a por qué sí otros partidos estaban pronunciándose sobre lo que podrían respaldar y lo que no en ambas materia, el parlamentario de las toldas azules replicó que “… se estaba desconociendo que esta clase de reformas deben verse y analizarse en todo su conjunto y sería inútil que el conservatismo tome partido frente a proyectos que no se conocen en su articulado ni propuestas específicas”. Puntualizó que en política se aplica ese refrán popular según el cual “… no por madrugar más, amanece más temprano”.

Denuncia grave

Poco eco tuvo en Colombia una noticia publicada esta semana en el servicio informativo de la ONU, que dada su gravedad sí requería al menos algún tipo de precisión por parte de las autoridades respectivas en nuestro país. La nota decía lo siguiente: “En Colombia, en 2018 se practicaron más de 26.000 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales y el grupo de edad con más casos fueron niñas de entre 10 y 14 años, según un estudio en el que participa la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Un 85% de las víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres. Por edades, el grupo con mayor incidencia fueron niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años, con 9350 casos, lo que representa un 35,9% del total, 3162 casos más que en 2016. En 2018, también aumentó respecto a años anteriores las agresiones a niñas entre los 5 y los 9 años, con 5045 casos. Por territorios, Bogotá registra el mayor número de casos, seguido de Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander”.

Partida doble

Pero no fue la única información complicada que el citado portal informativo trajo a colación. También hizo eco a que la ONU condenó el homicidio el pasado fin de semana de Efrén Ospina Velásquez, un líder comunitario que trabajaba en programas estatales de sustitución de cultivos ilícitos en Tibú, Norte de Santander. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos instó a las autoridades a esclarecer el homicidio y a adoptar medidas de protección a la población en este sector. Y de paso, la misma Oficina recordó que la semana pasada había informado que 221 personas tuvieron que desplazarse de Abrego a Bucarasica, en Catatumbo, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. “Solicitamos a todos los actores en el conflicto respeto a la vida y a los derechos de la población civil y al Estado atención integral y oportuna a las víctimas de desplazamiento forzado”, dijo la Oficina en un mensaje en su cuenta de Twitter.