Pulso carcelario
En medio de las contingencias ayer del paro nacional, poco eco se le hizo a un anuncio del presidente Iván Duque en torno a que presentará un proyecto de ley para combatir la reincidencia criminal, sobre todo en delitos de alto impacto como el hurto, en sus distintas modalidades como ‘cosquilleo’, ‘raponeo’ y ‘fleteo’. Duque encargó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en conjunto con la Rama Judicial, que avance el respectivo proyecto de reforma penal. “Una referencia explícita a cómo enfrentar y derrotar el delito implica ese régimen para la reincidencia y también las modificaciones oportunas del régimen carcelario y penitenciario”, enfatizó el Mandatario, trayendo a colación, de paso, los altos índices de hacinamiento carcelario en Colombia y como en esta situación influye el hecho de que los sindicados deberían de estar recluidos en cárceles regionales y locales, a cargo de gobernaciones y alcaldías, y no en las del orden nacional.
De vieja data
Ese pulso por la infraestructura carcelaria entre el Gobierno nacional y los seccionales y locales no es nuevo. En realidad viene desde hace muchos años y los gobernadores y alcaldes siempre insisten en que no tienen presupuestos para construir y mantener prisiones. Es más, el pasado 10 de octubre se llevó a cabo una reunión con las federaciones nacionales de departamentos y municipios, el Ministerio de Justicia y el Inpec. La idea era hacer seguimiento a un informe de Asocapitales sobre la situación carcelaria en las ciudades capitales. La Federación de Departamentos expresó su interés en todas las iniciativas que busquen formular una solución a la crisis de hacinamiento carcelaria actual. Fedemunicipios, a su turno, propuso soluciones alternativas a las medidas que se han tomado hasta el momento, como la creación de alianzas público-privadas que suplan las necesidades de las cárceles y cumplan con su objetivo resocializador. Y el Ministerio se comprometió a convocar a una mesa técnica de trabajo para que ambas agremiaciones presentaran sus diagnósticos y se definieran los pasos a seguir.
El fondo del asunto
Ya en agosto pasado la ministra Cabello se había pronunciado sobre este tema. Dijo en el Congreso que se estaba colaborando con municipios y departamentos para hallar soluciones a los problemas de hacinamiento carcelario. “Estamos pensando en soluciones para este problema. El hacinamiento es tan grande que debemos trabajar de manera colaborativa con los entes territoriales para la construcción de centros de reclusión. Solo así no se afectará el presupuesto nacional”, expresó. La titular de la cartera de Justicia destacó que con los cupos existentes en los centros penitenciarios a cargo de la Nación se podría atender a la población de condenados, que asciende a 80.000 personas. Sin embargo, la situación obliga a apoyar a las entidades territoriales para resolver el déficit, ya que otros 58.000 privados de libertad están en calidad de sindicados. “Hay que tener claro que las sentencias de la Corte Constitucional instan a los alcaldes y gobernadores a que cumplan sus obligaciones. Pero independientemente de la problemática, el Ministerio debe estar atento y dispuesto a colaborar con municipios y departamentos en esta materia. Es un problema de concientización”, enfatizó.
Llamado de Peñalosa
En julio pasado, por ejemplo, en Bogotá se llevó a cabo la llamada operación “Metrópoli III”, que logró la desarticulación de 18 estructuras criminales dedicadas al hurto de personas, vehículos y bicicletas. Allí el alcalde Enrique Peñalosa, que presentó los resultados de la operación junto al presidente Duque y el director de la Policía, señaló que son necesarias sanciones más efectivas contra el hurto a personas. Recordó que, a diferencia de delitos como el hurto a viviendas, vehículos y homicidios, el hurto a personas no tiene cárcel, ya que es calificado como un delito menor. Además, reclamó que es importante que la reincidencia tenga cárcel, ya que en muchos casaos se capturan personas con un alto índice delincuencial y vuelven a salir a las calles.