Poco duró la alegría del sector financiero la semana pasada, luego que la Corte Constitucional tumbara la sobretasa que les imponía un artículo de la Ley de Financiamiento (que fue declarada inexequible por el mismo alto Tribunal semanas atrás pero seguirá vigente todo este año). Pese a este nuevo fallo el Gobierno reiteró, un día después, que el artículo caído se incluyó en el nuevo proyecto tributario, se mantendrá y ahora no correrá el riesgo de ser declarado inexequible porque, a diferencia del proyecto de un año atrás, este sí tiene aval pleno del Ejecutivo. Al sector financiero la sobretasa, como pasó el año pasado, no le gusta. Se recuerda, por ejemplo, que en enero pasado la Asobancaria, gremio liderado por el excongresista Santiago Castro, que apoyó la demanda interpuesta contra este artículo ante la Corte Constitucional, había advertido que “… dados los avances marginales en los últimos años, el país no puede darse el lujo de retroceder creando desincentivos al crédito formal. En este sentido, la decisión de establecer una sobretasa en el impuesto de renta de manera diferencial para el sector financiero, no solo viola los principios de generalidad y equidad horizontal en los tributos, sino que se constituye como un gran palo en la rueda para la dinámica de la profundización financiera y para el desarrollo económico del país”.

Más peros de Asobancaria

Agregó el gremio que “sobregravar a los establecimientos financieros con el erróneo argumento de que es un sector rentable y que crece de forma sostenida más que el PIB, es una miopía tributaria que castiga a un sector que dinamiza la economía y que contribuye a la generación de valor agregado. Este mal precedente no solo termina haciendo ruido en la dinámica de las economías de mercado, sino que obstaculiza y entorpece la senda inversionista. De hecho, es la primera vez que en el país se establece una sobretasa de esta índole a un sector totalmente formal, no contaminante y cuyas tasas de evasión son nulas. El sector financiero ya es, proporcionalmente a su participación en la producción nacional, uno de los sectores que más contribuye al impuesto de renta corporativa. En efecto, mientras que su participación en el  PIB hoy bordea el 4,7%, la participación dentro del recaudo tributario en materia de renta asciende a 12,6%”.

Coletazo crediticio

Pero el memorial de agravios contra la sobretasa no terminó allí. La Asobancaria agregó a comienzos de este año, en una posición técnica que seguramente mantiene, que “lamentablemente, la sobretasa terminará por establecer trabas al acceso formal al crédito. Según nuestras estimaciones, el mayor gasto en impuestos encarecerá los fondos disponibles del sector para entregar créditos en cerca de $2 billones, induciendo un aumento en los costos financieros. Esta medida no solo resulta ser un castigo a la eficiencia bancaria que desincentiva la llegada de inversión al sector, sino que, consecuentemente, mina los esfuerzos por irrigar créditos a cada vez más colombianos, perjudicando en mayor medida a aquellos que se encuentran en la base productiva y que no suelen tener acceso a soluciones formales y de calidad en materia de ahorro e inversión”.

Arsenal gubernamental

Uno de los argumentos más fuertes del Ejecutivo para impulsar la aprobación expedita del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento serán tres datos conocidos la semana pasada, que el Ministerio de Hacienda considera clave: en primer lugar, que la firma calificadora de riesgo Standard & Poor’s mantuvo estable calificación del país como emisor de deuda soberana en moneda extranjera en BBB- y en moneda local en BBB, con perspectiva estable. En segundo lugar que el FMI ratificó que el aumento del PIB colombiano para este año será de 3,4%. En tercer lugar, está el informe de la Cepal según el cual Colombia se mantiene como una de las naciones que mejor desempeño tendrá este año en una región que, en promedio, no crecerá más allá del 0,5% en promedio. Como todos esos hechos se produjeron después del fallo de la Corte que tumbó la Ley de Financiamiento, el Gobierno insistirá en que las buenas noticias son un espaldarazo de confianza a la posibilidad de que la nueva norma tributaria esté aprobada antes de que termine 2019.