Peros a otra prima

Como lo informó días atrás EL NUEVO SIGLO la próxima semana arranca el debate, en la Comisión Séptima de la Cámara, del proyecto de ley que impulsa el Centro Democrático para crear una tercera prima para los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos. El Gobierno no está de acuerdo con la iniciativa y se sabe que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y jefa de la cartera de Trabajo, Alicia Arango, irán a esa célula congresional a pedir que la iniciativa no se apruebe. Sin embargo, como se informó esta semana en este   Diario, las dos ponencias hasta ahora radicadas en la Comisión Séptima, si bien son positivas, plantean una fuerte ‘cirugía’ a la iniciativa, sobre todo en la dirección de limitar el universo de trabajadores que podrían ser beneficiados por esta, partiendo de variables como el tamaño de la empresa, que no aplicaría para los empleados oficiales, que sería exclusiva para quienes estén estudiando o incluso solo para quienes devenguen hasta 1,5 salarios mínimos.

Los costos oficiales

Aunque cuando se aprobó en la plenaria del Senado, en la agonía de la anterior legislatura, el 19 de junio pasado, ya se conocía el concepto negativo del Ministerio de Hacienda, y es que su “socialización” entre los parlamentarios fue muy limitada en medio del agitado ritmo de esos últimos días de trabajo en el Congreso. Lo cierto es que la cartera de finanzas es clara en advertir que los “beneficios otorgados por la iniciativa podrían implicar un incremento salarial mensual de cerca de 2,3% para el grupo total de trabajadores formales que ganen entre uno y tres salarios mínimos…”. Asimismo, indicó que para el sector público la llamada “prima legal para la canasta familiar”, tanto para los “trabajadores oficiales”, así como para los “servidores públicos”, genera erogaciones adicionales por parte de la Nación que no se encuentran contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de los Sectores. Actualmente existen 496.363 funcionarios del orden nacional que devengan hasta tres salarios mínimos por lo que el costo de la prima sería de $205.000 millones anuales.

5.9 millones en sector privado

Para la cartera de finanzas es claro también que para el sector privado, de acuerdo con los datos reportados por la Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH), el número total trabajadores beneficiados por la iniciativa sería de 5.973.686 en todo el país, lo que corresponde al 71% de trabajadores formales. Según el Ministerio la prima podría tener un impacto negativo sobre la formalización laboral, “efecto que ha sido demostrado en diferentes estudios en los que se concluye que los mayores costos no salariales tienen un impacto negativo sobre la creación de empleos formales del país. Lo anterior significaría un retroceso sobre los esfuerzos que se han realizado para disminuir la informalidad laboral en Colombia, donde vale la pena destacar la disminución de los costos no salariales de 13,5% realizada mediante la Ley 1607 de 2012”.

Presión inflacionaria

Por último, el Ministerio ratificó que “el beneficio que esta prima representaría para los hogares podría verse contrarrestado por posibles presiones inflacionarias, puesto que generaría un costo laboral adicional para las empresas que puede ser trasladado a los precios de los bienes de consumo. Adicional a esto, el mayor ingreso disponible de los hogares colombianos puede generar incrementos en la demanda de algunos bienes y servicios de la canasta familiar que termine impactando los precios”. Por último se indicó que “... el posible efecto negativo que tendría la iniciativa sobre la formalización laboral se podría agudizar por la crisis migratoria de población venezolana, cuyo flujo se ha incrementado”.