Ojo al retiro policial

El senador John Harold Suárez, del Centro Democrático, dejó una constancia en la plenaria esta semana indicando que ante el incremento de la inseguridad se requiere que la Policía Nacional aumente su pie de fuerza. De acuerdo con el parlamentario “… el retiro masivo de agentes de la Policía está generando una preocupante disminución en el pie de fuerza en las ciudades, permitiendo que los índices de seguridad se estén deteriorando”. Las cuentas del parlamentario preocupan: la plante de agentes policiales para 2022 estará en un déficit cercano a 20.000, en tanto que el número de uniformados que han solicitado el retiro es de 40.000. Según el senador uribista la Policía Nacional enfrenta un gran reto en esta materia y el reemplazo de estos agentes no puede recaer solamente en la entidad, sino que se tendrá que realizar un trabajo en conjunto con los gobiernos regionales y locales.

¿Militares a la calle?

“Todas las regiones solicitan más uniformados para aumentar su pie de fuerza, pero si antes ya era difícil cumplir, ahora es imposible”, sostuvo Suárez, para luego indicar que “una alternativa inmediata puede recaer en el apoyo del Ejército Nacional, sobre todo en municipios pequeños, donde las labores de patrullaje contribuyen a mejorar el clima de seguridad. Hoy nuestras Fuerzas Militares tienen una alta formación en derechos humanos, por lo que es una alternativa viable, solicitada en muchos municipios por los alcaldes”. Paradójicamente esta semana, en medio del aumento de la violencia electoral y ante advertencias como la de la Unidad Nacional de Protección en torno a que no tiene suficientes escoltas y vehículos blindados, también se escucharon voces de sectores políticos proponiendo que personal de las Fuerzas Militares saliera a las calles a proteger la actividad proselitista y el desplazamiento de candidatos en zonas de alto riesgo.

Pólvora en la mira

Las autoridades en todo el país ya están en alerta ante la proximidad de la temporada decembrina y el riesgo que siempre implica el uso de la pólvora en dichas fechas. Como se sabe, es por esta época (mediados de septiembre) que las polvorerías comienzan a duplicar su producción con el objetivo de tener suficiente mercancía para distribuir desde noviembre, la mayor parte de ella de manera informal. La alerta temprana es más alta si se tiene en cuenta que por efecto de la campaña electoral, en donde es común que en los mítines y correrías proselitistas se trate de animar el ambiente con voladores y demás, las polvorerías se activaron temprano este año. Las restricciones en el país a la venta y uso de artículos pirotécnicos son cada día más amplias, al punto que muchos alcaldes prácticamente prohibieron la venta abierta de los mismos y solo las autorizan para espectáculos públicos en donde el manejo es estrictamente por personal especializado y certificado.

Otro proyecto

Sin embargo, en el Congreso se considera que se necesitan más controles. Precisamente esta semana se aprobó en segundo debate un proyecto que expide más normas sobre manipulación y uso de la pólvora. Según la representante a la Cámara, Norma Hurtado Sánchez, la iniciativa se hace necesaria por el alto índice de niños y adultos quemados. Las estadísticas de la parlamentaria son dicientes: en la última década 6.125 niños resultaron lesionados. En 2017 murieron tres niños y 479 resultaron quemados y en 2018 resultaron afectados 459. El proyecto en discusión -que por más que se apresure el paso en el Congreso para su aprobación ya no se aplicaría para este final de año- crea un fondo nacional manejado por el Ministerio de Salud para la atención de las personas afectadas por lesiones por quemadura con pólvora. También se extiende la institucionalidad para la prevención, atención y regulación, y amplía las competencias de intervención de los ministerios de Salud e Interior así como del Instituto Nacional de Salud. Igualmente aumenta el monto de las multas por violar las restricciones en materia de producción y venta no autorizada.