Contrato clave
Los trabajos para aumentar la profundidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla avanzan a buen ritmo, al menos en el plan de contingencia que se viene aplicando desde hace algunas semanas. Sin embargo, una solución definitiva solo se empezará a implementar cuando sea adjudicado el contrato de dragado. Dicha tarea le corresponde al Findeter. El cronograma indica que este paso debe concretarse en este mes y que en la primera semana de septiembre la draga debe estar en la ciudad. Es un trabajo bastante complejo toda vez que el contrato prevé una primera intervención para remover 700.000 metros cúbicos de sedimentos, por un costo entre $13.000 y $14.000 millones, en este año y una cifra similar para 2020. Con este procedimiento no solo se garantizará un canal de acceso capaz de recibir a los barcos de mayor dimensión sino que tanto este como el próximo año se contará con una draga disponible permanentemente.
Agenda uribista
El uribismo continúa enfatizando su agenda legislativa en mejorar las condiciones de los integrantes de la Fuerza Pública. En lo corrido de esta legislatura, que apenas si ajusta dos semanas, ya han radicado varias iniciativas. Por ejemplo, presentaron un proyecto por medio del cual se establecen condiciones especiales para que los integrantes de la Fuerza Pública condenados por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, puedan tener un beneficio de libertad condicional después de cinco años de pena privativa. De igual manera también radicaron otro proyecto que busca agravar las penas e impedir beneficios subrogados penales a quienes agredan a integrantes de la Fuerza Pública. Según el Centro Democrático, el objetivo es tipificar el homicidio, el secuestro y la violencia contra integrantes de la Fuerza Pública, como delitos autónomos, para garantizar penas más elevadas y acordes con la gravedad de dichas conductas.
Nuevos y reincidentes
Pero la ofensiva legislativa no termina ahí. La semana pasada el senador Fernando Araújo radicó un proyecto que tiene como objetivo lograr condiciones de equidad para los soldados e infantes profesionales en servicio activo y además mejorar la asignación de retiro, en condiciones de igualdad con los miembros de la Fuerza Pública. Se propone que durante los primeros cinco años de vigencia de la ley dicha prima de actividad será de un 25% sobre la base del salario básico que devenguen los soldados e infantes profesionales, y posteriormente se irá incrementando en un 5% anual hasta llegar a pagar lo mismo que a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Ya en la pasada legislatura el uribismo había impulsado de forma fallida la posibilidad de crear una sala especial para el juzgamiento de los militares y policías en la JEP, e incluso la semana pasada volvió a radicar la iniciativa, por intermedio del expresidente y senador Álvaro Uribe y su colega de bancada Paloma Valencia.
Más proyectos
Pero la lista no termina allí. En la pasada legislatura el Centro Democrático logró la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de reforma al estatuto de carrera de los soldados profesionales, norma que permite darle estabilidad económica a los miembros de la Fuerza Pública que son privados de libertad sin sentencia. Se busca que mientras la investigación dure, reciban el 50% de su salario. Igualmente presentó y logró que el Parlamento aprobara la iniciativa por medio de la cual se rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública. El objetivo es que estos reciban beneficios económicos y reconocimientos honoríficos. Es más, para esta legislatura el uribismo ya anunció el respaldo al proyecto impulsado por el gobierno Duque para otorgar ascenso póstumo y reconocimiento prestacional y pensional a las familias de los 22 cadetes que fallecieron en el atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, perpetrado por el Eln, el 17 de enero de este año, en Bogotá.