‘Sacrificios’ en la agenda

El Gobierno está haciendo, calendario en mano, cuentas sobre cuáles proyectos relacionados con las reformas política, judicial y anticorrupción pueden, efectivamente, ser aprobados –o avanzar en sus cuatro primeros debates– antes de que termine este tramo de legislatura, que va hasta el 20 de diciembre pero que seguramente se extenderá, vía sesiones extras, hasta la semana después de navidad, sobre todo para aprobar la reforma tributaria, que apenas si se radicó la semana pasada y debe empezar su debate a profundidad la próxima en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Aunque en la Casa de Nariño tienen optimismo en torno a que la mayoría de los proyectos se salvarán, en las bancadas parlamentarias se advierte que más temprano que tarde habrá que escoger algunas iniciativas para ser sacrificadas ya que el tiempo no alcanza para que todas sobrevivan.

Peros a ley de vivienda

Como bien intencionados pero con “algo utópicos” frente a la realidad del sector de la construcción, calificó un reconocido empresario de este rubro productivo algunos artículos del proyecto de ley que radicó hace dos semanas el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Según la fuente consultada, que pidió la reserva de su nombre, hay aspectos novedosos y positivos en la iniciativa que busca facilitar el acceso a créditos hipotecarios, simplificación de trámites para los proyectos de construcción y compra de vivienda así como mejorar la coordinación interinstitucional de la política sectorial. “…Lo que de la simplificación de trámites, que son más de 20 por cada proyecto, entre licenciamientos, permisos, vistos buenos y demás…, lo han prometido todos los ministros de la última década, pero así como anulan unos, al poco tiempo crean otros”, precisó.

Muy “tímida” reforma

Los gobernadores y alcaldes tienen la lupa puesta sobre el proyecto de ley que presentaron días atrás los senadores Álvaro Uribe y Gabriel Velasco, del Centro Democrático, para reformar la Ley de Garantías. La iniciativa, como se sabe, elimina varias de las restricciones que hoy se aplican a las administraciones nacional, departamentales y municipales cuatro meses antes de una cita en las urnas. Por lo mismo ahora se propone que los contratos interadministrativos entre el Gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores puedan suscribirse incluso dentro de ese lapso de los cuatro meses antes de los comicios, así como los procesos licitatorios. Las asociaciones de mandatarios departamentales y municipales ya estudian la iniciativa y según conoció EL NUEVO SIGLO, algunos gobernadores y alcaldes consideran que el proyecto es muy “tímido” frente a las expectativas que había generado cuando se anunció la intención uribista semanas atrás.

¿Candidatos propios o alianzas?

En el partido Farc se considera que algunos de los ex cabecillas que no entraron al Congreso deben ser la primera opción para lanzarse, no tanto a gobernaciones, pero sí a algunas alcaldías en donde la colectividad de los desmovilizados cree que podría tener la posibilidad de conquistar algunos pocos cargos. Sin embargo, esos cuadros, ahora políticos, consideran que lo importante es apostar por coaliciones para respaldar candidaturas de izquierda a las alcaldías en octubre de 2019 y mover toda la base política para acceder a cupos en concejos y una que otra asamblea.

Alianza en vilo

Y hablando de los comicios regionales y locales, un parlamentario de La U le indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO, que el hecho de que esta colectividad ahora haga parte de la coalición de gobierno y Cambio Radical esté en las toldas de los independientes, no reversará del todo la alianza política que ambas facciones firmaron en el marco de la contienda presidencial, en torno a que podrían respaldar candidatos únicos para gobernaciones y alcaldías. Se dice, por el contrario, que en Cambio Radical se piensa que esa alianza ya no tiene mayor piso político como proyecto de orden nacional, y solo tendría aplicación muy puntual en octubre de 2019.